Se espera que el debate se realice la próxima semana en la Comisión de Presupuesto y Servicios Administrativos del Concejo Municipal de Valledupar.
Fue aplazado en su primer debate el proyecto de acuerdo que le daría facultades al alcalde municipal, Ernesto Orozco, para legalizar los asentamientos humanos que están en la ciudad de Valledupar. La decisión fue tomada por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Servicios Administrativos del Concejo Municipal, al presentarse “dudas” con respecto a algunos apartados del proyecto y por la necesidad de un estudio más riguroso de las implicaciones jurídicas de este acuerdo.
El Proyecto de Acuerdo 017 del 30 de agosto de 2024, “por medio del cual se delega al alcalde del municipio de Valledupar la facultad para la legalización y regulación urbanística de los asentamientos humanos con condiciones precarias y de origen informal”, sería debatido la próxima semana luego de que el concejal Ricardo José López , mediante proposición verbal, solicitara que se aplazara el debate.
“Se solicitó la exclusión del proyecto del orden del día porque vamos a profundizar más en el tema, hay algunas dudas. No podemos proceder de una forma irresponsable a dar estudio sin profundizarlo. La próxima semana se le estará dando debate a este proyecto”, manifestó López.
Al respecto, José Guerra, ciudadano que asistió al recinto, pidió que se le informara a la comunidad con anterioridad sobre la fecha para el debate y que este no se hiciera a “escondidas” porque es un proyecto de acuerdo de suma importancia, el cual afectará el ordenamiento territorial del municipio. A lo que respondieron los concejales presentes, que la notificación del debate será comunicada a través de las redes sociales de la corporación.
A esta sesión también asistió Evaristo Rodríguez, representante legal de la familia Pimienta, propietarios del predio Sabana 1, en donde se encuentran ubicadas las invasiones Brisas de La Popa, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte 2. Sobre el aplazamiento del debate, el jurista manifestó su apoyo a la decisión porque el proyecto de acuerdo necesita “un mayor estudio”.
“Nosotros ya presentamos unas observaciones principales, pero vamos a profundizarlas porque estimamos que el decreto reglamentario para los asentamientos que están en propiedad privada no lo ha expedido el presidente de la República. Hay un decreto, el 149 de 2020, que cita el acuerdo, pero se refiere a bienes fiscales y bienes públicos”, dijo Rodríguez.
En ese sentido, explicó que no hay un decreto reglamentario para legalizar y formalizar los asentamientos humanos ilegales que estén en predios privados, por lo que es anticonstitucional que el alcalde municipal legalice predios que pertenecen a propietarios que han pagado impuestos por un terreno. Acotando así que no cree que el presidente actual establezca dicho decreto porque en su calidad de candidato a la Presidencia “firmó en mármol con Francia Márquez que no iban a expropiar tierras en Colombia”.
“El señor alcalde municipal ha sido esquivo en sentarse con los propietarios porque al parecer no solo está encima del fallo de la orden judicial, sino sobre la propiedad privada que también merece respeto”, advirtió el jurista.
Sobre las declaraciones del abogado Evaristo Rodríguez, el concejal Wilber Hinojosa, aclaró que la comisión está estudiando un proyecto de acuerdo que no tiene relación con la expropiación y que “el Concejo no está facultando al alcalde para que expropie”.
“Vemos unas facultades que están en la ley para temas de legalización y regulación urbanística de asentamientos urbanos, sin que esté mencionado alguno en específico. Vamos a estudiar el proyecto, el alcalde tomará la decisión, no sé cuál, pero las competencias de esta corporación son muy diferentes a las del alcalde”, argumentó Hinojosa.
Agregó que el proyecto de acuerdo abarca una problemática general que está por encima de “Altos de Pimienta y Brisas de La Popa. Son en términos generales asentamientos ilegales que estén dentro del municipio”. Puntualizó que con el aplazamiento lo que buscan es que la votación se haga bajo una seguridad jurídica y que sea de beneficio las facultades, para que el alcalde y su equipo pueda abordar la problemática de los asentamientos en el municipio.
Por Namieh Baute Barrios
Se espera que el debate se realice la próxima semana en la Comisión de Presupuesto y Servicios Administrativos del Concejo Municipal de Valledupar.
Fue aplazado en su primer debate el proyecto de acuerdo que le daría facultades al alcalde municipal, Ernesto Orozco, para legalizar los asentamientos humanos que están en la ciudad de Valledupar. La decisión fue tomada por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Servicios Administrativos del Concejo Municipal, al presentarse “dudas” con respecto a algunos apartados del proyecto y por la necesidad de un estudio más riguroso de las implicaciones jurídicas de este acuerdo.
El Proyecto de Acuerdo 017 del 30 de agosto de 2024, “por medio del cual se delega al alcalde del municipio de Valledupar la facultad para la legalización y regulación urbanística de los asentamientos humanos con condiciones precarias y de origen informal”, sería debatido la próxima semana luego de que el concejal Ricardo José López , mediante proposición verbal, solicitara que se aplazara el debate.
“Se solicitó la exclusión del proyecto del orden del día porque vamos a profundizar más en el tema, hay algunas dudas. No podemos proceder de una forma irresponsable a dar estudio sin profundizarlo. La próxima semana se le estará dando debate a este proyecto”, manifestó López.
Al respecto, José Guerra, ciudadano que asistió al recinto, pidió que se le informara a la comunidad con anterioridad sobre la fecha para el debate y que este no se hiciera a “escondidas” porque es un proyecto de acuerdo de suma importancia, el cual afectará el ordenamiento territorial del municipio. A lo que respondieron los concejales presentes, que la notificación del debate será comunicada a través de las redes sociales de la corporación.
A esta sesión también asistió Evaristo Rodríguez, representante legal de la familia Pimienta, propietarios del predio Sabana 1, en donde se encuentran ubicadas las invasiones Brisas de La Popa, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte 2. Sobre el aplazamiento del debate, el jurista manifestó su apoyo a la decisión porque el proyecto de acuerdo necesita “un mayor estudio”.
“Nosotros ya presentamos unas observaciones principales, pero vamos a profundizarlas porque estimamos que el decreto reglamentario para los asentamientos que están en propiedad privada no lo ha expedido el presidente de la República. Hay un decreto, el 149 de 2020, que cita el acuerdo, pero se refiere a bienes fiscales y bienes públicos”, dijo Rodríguez.
En ese sentido, explicó que no hay un decreto reglamentario para legalizar y formalizar los asentamientos humanos ilegales que estén en predios privados, por lo que es anticonstitucional que el alcalde municipal legalice predios que pertenecen a propietarios que han pagado impuestos por un terreno. Acotando así que no cree que el presidente actual establezca dicho decreto porque en su calidad de candidato a la Presidencia “firmó en mármol con Francia Márquez que no iban a expropiar tierras en Colombia”.
“El señor alcalde municipal ha sido esquivo en sentarse con los propietarios porque al parecer no solo está encima del fallo de la orden judicial, sino sobre la propiedad privada que también merece respeto”, advirtió el jurista.
Sobre las declaraciones del abogado Evaristo Rodríguez, el concejal Wilber Hinojosa, aclaró que la comisión está estudiando un proyecto de acuerdo que no tiene relación con la expropiación y que “el Concejo no está facultando al alcalde para que expropie”.
“Vemos unas facultades que están en la ley para temas de legalización y regulación urbanística de asentamientos urbanos, sin que esté mencionado alguno en específico. Vamos a estudiar el proyecto, el alcalde tomará la decisión, no sé cuál, pero las competencias de esta corporación son muy diferentes a las del alcalde”, argumentó Hinojosa.
Agregó que el proyecto de acuerdo abarca una problemática general que está por encima de “Altos de Pimienta y Brisas de La Popa. Son en términos generales asentamientos ilegales que estén dentro del municipio”. Puntualizó que con el aplazamiento lo que buscan es que la votación se haga bajo una seguridad jurídica y que sea de beneficio las facultades, para que el alcalde y su equipo pueda abordar la problemática de los asentamientos en el municipio.
Por Namieh Baute Barrios