Hay dos tipos de democracia: la que ejerce el pueblo para escoger a sus gobernantes y la que ocurre en el Congreso de la República y en los otros órganos de poder que no son de elección popular sino fruto de otras institucionales. Muchos congresistas una vez elegidos renuncian a su compromiso con sus sufragantes para atender a sus financiadores de campaña.

El poder judicial y el jurisdiccional no tienen origen popular y por eso, a veces, se creen imperios ubicándose por encima del pueblo. Son una monarquía. Todos los poderes, dentro de una sana racionalidad y de equilibrio, deberían converger a que ese territorio que se llama Nación sea próspero, educado y con oportunidades en un marco de justicia social.

¿Quién se iba a imaginar que proponer cambios necesarios en la forma de gobernar y naturaleza de las soluciones de los problemas podría causar una guerra institucional y despiadada contra el presidente de la república? Se sabía que habría una oposición democrática, sobre todo en el Congreso, parte de su quehacer. Pero la oposición se hace con argumentos; ahora tiene mayorías y no deben temerle al debate franco; ausentarse del recinto del Congreso para evitar el quórum, no sé si llamarlo paro o asonada.

También, desde la fiscalía general y de la procuraduría se percibe una fuerte artillería contra el presidente Petro y su bancada; ya han sido suspendidos tres senadores y tres más notificados. Nunca había visto que las dictaduras se ejercieran desde el poder jurisdiccional; a Petro, como a Leónidas en las Termopilas (Grecia) le tocará pelear a la sombra que producen tantas flechas envenenadas.

La confabulación contra Petro está bien sincronizada; ahora aparecen Invamer con una encuesta hecha en el Ubérrimo y el caso Benedetti, amén de los torcidos del frente amplio y del P.H. El objetivo es impedir que Petro cumpla su promesa electoral y que todo siga igual. Incluso, algunas decisiones del Consejo de Estado nos hacen preocupar, uno sospecha que también estuvieran alineadas como a veces lo hacen los planetas.

Creo que casi todas las reformas presentadas por este gobierno serán sepultadas porque tocan callos a algunos congresistas y a sus financiadores, sus patrones. Y no solo eso, lo quieren fuera de la presidencia. ¿A quién le va a gustar que le maten la gallina de los huevos de oro que es la plata de la salud? ¿A quién le va a gustar que quiten la contratación por órdenes de servicio, OPS, estrategia explotadora? Los dineros de la salud han financiado la guerra en los últimos 30 años. 

Perder la plusvalía que producen las horas extras de los trabajadores no es de buen recibo. Más de $30 billones han perdido los trabajadores en ese mismo periodo, dijo la ministra del trabajo y seguridad social. La venta de registros de instrumentos públicos por particulares no va más desde el 01/07/2023. Por este concepto el Estado perdió casi $4.000 millones en el gobierno anterior. 

Un exministro vallenato amigo de este es uno de los beneficiarios del atraco a la DIAN. Frente a estos hechos perversos, a Petro le tocará ejecutar un plan B y dos cosas debería hacer: 1) Ejecutar el Plan de Desarrollo que es bastante robusto; su valor es de $1.154.8 billones, equivalentes al PIB de 2021, de los cuales $743.7 billones (63%) se destinarán para Seguridad Humana y Justicia Social, una de sus cinco transformaciones que persigue la protección integral de la población, la provisión de servicios sociales para todos y el acceso a la justicia centrado en las personas, comunidades y territorios. 

La ausencia de justicia social es lo que nos tiene metidos en la guerra. 2)  Ganar las elecciones de mitaca en, al menos, las regiones donde las había ganado la presidencia para posibilitar un nuevo congreso que permita, entonces sí, aprobar lo que ahora quizás no se podrá. Al tiempo, nuestro presidente deberá atender las necesidades de empleo de quiénes lo ayudaron a ganar, cargos que tenía reservados, tal vez, para negociar sus reformas. No más caballos de Troya en su gestión, no más traidores ni congresistas “manguitos”.