Por: Indalecio Dangond Baquero

Me puse en la tarea de estudiar los 323 artículos que trae el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que será radicado por el Gobierno nacional ante el Congreso de la Republica para su trámite y aprobación, y honestamente -salvo la nueva política del ordenamiento de la propiedad rural-, ahí lo que hay es un abanico de buenas intenciones que no podrán llevarse a la practica; entre otras razones porque el ministerio de agricultura no cuenta con los suficientes recursos para mantener en el tiempo esos mecanismos perpetuadores de dependencia y porque los procedimientos y tramites son muy engorrosos.

Lo que más me llamó la atención, es que dicho texto incluye 86 parágrafos que se limitan a manifestar promesas y aplicar restricciones, como si se tratara de una promoción de tiquetes aéreos. Es muy común encontrar  frases como: El Gobierno Nacional “podrá, deberá, definirá, proveerá, realizará, determinará, prohibirá, etc., etc.”, pero no concretan absolutamente nada. Peor aun, proponen la creación de una infinidad de comités, comisiones y consejos, que por la cantidad de miembros que los integran, es casi imposible reunirlos. Ya veremos a sus delegados (unos yuppies que no distinguen entre una mata de frijol y una de yuca), tomando las decisiones de política sobre el sector. Que horror!

Para completar este triste panorama, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, entró en fuertes desacuerdos con el ministro Restrepo, por la demora en la radicación del proyecto de Ley y el trámite de las consultas que debieron hacerse a las comunidades indígenas y afrocolombianas del país. ¿Y que será lo que van a consultarles a unas comunidades que no han tenido siquiera, la oportunidad de aprender a leer y  a escribir? Averígüelo Vargas.

Voy a creer que el ministro Juan camilo Restrepo fue asaltado en su buena fe y se dejó influenciar por unos bibliotecarios rurales capitalinos que desconocen sobre el terreno, las verdaderas necesidades de nuestros productores del campo. Hubiese sido más productivo para el Gobierno, arrancar este proceso constituyendo una “Mesa Agrícola” integrada por agricultores y sus organizaciones, las empresas privadas, los organismos académicos y los servicios públicos ligados al agro de nuestro país, donde se juntara un trabajo de evaluación y definición de las políticas sectoriales que requiere el agro colombiano en el mediano plazo. Además  de suscribir un “Acta de Acuerdos” para enfrentar los problemas coyunturales del sector con el fin de establecer una defensa de la explotación familiar agraria como núcleo básico para mantener el empleo del sector, el desarrollo rural y el equilibrio territorial.

Los congresistas que integran las Comisiones Quinta de Senado y Cámara,  tendrán que hacer un análisis vehemente sobre las iniciativas de este proyecto de Ley. Ustedes mas que nadie saben que la improvisación ha sido la culpable de la crisis del agro, que cada día se incrementa con el abandono de los agricultores a su actividad, porque simplemente ya no creen en las soluciones utópicas que apenas contribuyen a confundirlos y a perpetuar los problemas existentes. Una política de Estado debe ir más allá del mandato de un gobierno determinado y debe procurar ser la expresión de una visión que compartan los ciudadanos acerca de aspectos esenciales que tienen que ver con sus formas de vida y con sus formas de organización como Nación. Amalaya una credencial de senador para liderar este debate.

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