Como se esperaba, la detención del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado la más grande tormenta de opiniones en Colombia. Los uribistas lógicamente, han puesto el grito en el cielo argumentando sus posturas en defensa de quien, como ya lo habíamos mencionado, es considerado el político más influyente en Colombia en los últimos años.
Como se esperaba, la detención del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado la más grande tormenta de opiniones en Colombia. Los uribistas lógicamente, han puesto el grito en el cielo argumentando sus posturas en defensa de quien, como ya lo habíamos mencionado, es considerado el político más influyente en Colombia en los últimos años.
Ayer el procurador general, Fernando Carrillo, salió al paso de las opiniones de los servidores públicos, haciendo un llamado a respetar las decisiones judiciales, en este caso la de la Corte Suprema de Justicia en contra de Uribe Vélez. “Los funcionarios deben acatar y no atacar a la justicia”, expresó en un comunicado el jefe del Ministerio Público.
Carrillo mandó a callar a todo el mundo. Jaló las orejas de los congresistas de la cuerda de Uribe y el gobierno de Duque y, particularmente a este último, quien desde el primer momento, ha manifestado que el expresidente tiene derecho a su defensa en libertad.
“Las medidas de aseguramiento deberían ser excepcionales, quienes como el expresidente Uribe han ostentado la primera magistratura en un país, deben tener el derecho a la defensa en libertad, lo que debe ser extendido también a otros sectores”; Duque fue más profundo y precisó que, “es un Senador de la República, quien para salir del país debe contar con un permiso”, porque está sometido al ordenamiento del Congreso.
Pero se ha dicho, no conocemos aún el texto de la decisión judicial, que la Corte ha considerado que como Uribe habría participado en orquestar a los testigos de forma activa, su actuación en plena libertad y con todo su poder es potencialmente peligrosa para la rama judicial pues de seguir ese patrón conductual constituiría una grave obstrucción a la justicia.
El presidente no ocultó su contacto y amistad con Uribe y apeló a su condición humana, “está en población de riesgo”. Ayer precisamente también, hizo carrera la noticia de que el exmandatario habría resultado positivo para coronavirus al igual que varias personas de su círculo cercano en su hacienda El Ubérrimo. Estado que hace más lamentable el trance personal y familiar que pasa el expresidente senador. En medio de tanta tensión no falta el crudo humor negro, al cual hacemos una venia: se ha mencionado que la Corte con su detención domiciliaria no habría podido ser más oportuna en darle su tatequieto.
Lo que se le cuestiona al presidente, cabeza de la rama ejecutiva, es que se entrometa en las decisiones de la rama jurisdiccional, en un estado de derecho con separación de poderes. Es una práctica que habría comprometido al final de su mandato a Uribe que terminó chuzando a la Corte Suprema. Y que solía pasar con Correa y siempre con Maduro. Coartar o tomar control del poder judicial. La advertencia del procurador es apropiada, pues la actuación del ejecutivo vino precedida de sus declaraciones críticas frente al desempeño de la JEP. Rechazadas con respeto pero con firmeza constitucional y razonabilidad por su presidenta Patricia Linares.
Lo dijimos ayer: detenido Uribe, ¿quién detiene la polarización? La dejamos ahí, en este recreo de la acostumbrada nota editorial siempre dedicada a la gran región vallenata.
Como se esperaba, la detención del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado la más grande tormenta de opiniones en Colombia. Los uribistas lógicamente, han puesto el grito en el cielo argumentando sus posturas en defensa de quien, como ya lo habíamos mencionado, es considerado el político más influyente en Colombia en los últimos años.
Como se esperaba, la detención del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha generado la más grande tormenta de opiniones en Colombia. Los uribistas lógicamente, han puesto el grito en el cielo argumentando sus posturas en defensa de quien, como ya lo habíamos mencionado, es considerado el político más influyente en Colombia en los últimos años.
Ayer el procurador general, Fernando Carrillo, salió al paso de las opiniones de los servidores públicos, haciendo un llamado a respetar las decisiones judiciales, en este caso la de la Corte Suprema de Justicia en contra de Uribe Vélez. “Los funcionarios deben acatar y no atacar a la justicia”, expresó en un comunicado el jefe del Ministerio Público.
Carrillo mandó a callar a todo el mundo. Jaló las orejas de los congresistas de la cuerda de Uribe y el gobierno de Duque y, particularmente a este último, quien desde el primer momento, ha manifestado que el expresidente tiene derecho a su defensa en libertad.
“Las medidas de aseguramiento deberían ser excepcionales, quienes como el expresidente Uribe han ostentado la primera magistratura en un país, deben tener el derecho a la defensa en libertad, lo que debe ser extendido también a otros sectores”; Duque fue más profundo y precisó que, “es un Senador de la República, quien para salir del país debe contar con un permiso”, porque está sometido al ordenamiento del Congreso.
Pero se ha dicho, no conocemos aún el texto de la decisión judicial, que la Corte ha considerado que como Uribe habría participado en orquestar a los testigos de forma activa, su actuación en plena libertad y con todo su poder es potencialmente peligrosa para la rama judicial pues de seguir ese patrón conductual constituiría una grave obstrucción a la justicia.
El presidente no ocultó su contacto y amistad con Uribe y apeló a su condición humana, “está en población de riesgo”. Ayer precisamente también, hizo carrera la noticia de que el exmandatario habría resultado positivo para coronavirus al igual que varias personas de su círculo cercano en su hacienda El Ubérrimo. Estado que hace más lamentable el trance personal y familiar que pasa el expresidente senador. En medio de tanta tensión no falta el crudo humor negro, al cual hacemos una venia: se ha mencionado que la Corte con su detención domiciliaria no habría podido ser más oportuna en darle su tatequieto.
Lo que se le cuestiona al presidente, cabeza de la rama ejecutiva, es que se entrometa en las decisiones de la rama jurisdiccional, en un estado de derecho con separación de poderes. Es una práctica que habría comprometido al final de su mandato a Uribe que terminó chuzando a la Corte Suprema. Y que solía pasar con Correa y siempre con Maduro. Coartar o tomar control del poder judicial. La advertencia del procurador es apropiada, pues la actuación del ejecutivo vino precedida de sus declaraciones críticas frente al desempeño de la JEP. Rechazadas con respeto pero con firmeza constitucional y razonabilidad por su presidenta Patricia Linares.
Lo dijimos ayer: detenido Uribe, ¿quién detiene la polarización? La dejamos ahí, en este recreo de la acostumbrada nota editorial siempre dedicada a la gran región vallenata.