La Cámara de Comercio para el Valle del Río Cesar demandó el nuevo estatuto tributario aprobado por el Concejo el pasado 24 de diciembre. La acción popular fue admitida por el Juzgado Administrativo de Valledupar, y vinculó a la Alcaldía de Valledupar, quien presentó el proyecto, y al Concejo, por aprobarlo. 

En primer lugar, la Cámara de Comercio pide que dicho acuerdo sea declarado nulo, entre otras razones, porque “impone aumentos desproporcionados en el Impuesto Predial Unificado (IPU) y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), lo que afecta gravemente a los contribuyentes y empresarios locales”.

Además, argumentan, violaron el principio de participación ciudadana “porque no se realizaron audiencias públicas ni consultas previas, violando el derecho fundamental a la participación democrática consagrado en la Constitución Política y en la Ley 134 de 1994”.

Tercero, aduce que se excluyeron del proceso de “deliberación a gremios económicos, comerciantes, universidades, juntas de acción comunal y vocales de control, lo que constituye una vulneración grave del principio de transparencia administrativa”. 

Incluso, la entidad asegura que, como la reforma tributaria impone cargas excesivas, fomentará la evasión fiscal, el contrabando y la informalidad empresarial en Valledupar. A la par solicitaron una medida cautelar para suspender provisionalmente el estatuto tributario “para evitar daños irreparables en la economía local”. Sin embargo, el Juzgado dio un plazo de 5 días a la Alcaldía de Valledupar para que se pronuncie, ya que en este tipo de caso no aplica la medida cautelar de urgencia.

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“Se hace imperativa la intervención de organismos de control, para evitar posibles actos de corrupción o irregularidades en la ejecución de la reforma tributaria. La acción popular presentada busca salvaguardar los derechos colectivos y prevenir un impacto socioeconómico grave”, comentó la Cámara de Comercio.

Nuevos impuestos

Tras la entrada en vigencia del Estatuto tributario en enero de este año, las actividades financieras y sus instituciones pasaron de tener una tarifa del 11×1.000 al 14×1.000, mientras que la tarifa del comercio al por mayor de farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador pasará de 10 a 11.04 por mil, lo cual fue rechazado por el gremio de comerciantes.

De igual manera, el comercio al por mayor de bebidas y tabaco pasó del 10×1.000 al 11,04×1.000; el comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios que incluye artículos de piel en establecimientos especializados, aumentó del 10×1.000 al 11.04 por mil, mientras que las actividades de telecomunicaciones inalámbricas pasarían de 7 a 10.62×1.000.