Después que la justicia ordinaria retomara la audiencia de formulación de acusación contra los acusados del presunto desfalco a EPSI Dusakawi de Valledupar, lo sindicados solicitaron ayer ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Valledupar ser dejados a disposición de la Justicia Indígena.

La defensa del exgerente de Dusakawi, Enoc Clavijo Franco, alegó con un certificado que su protegido pertenece al resguardo indígena Yukpa y que por lo tanto debe ser juzgado por los delitos imputados por la Fiscalía Quinta Seccional 5 ante el supremo de su jurisdicción étnica.

De acuerdo con los juristas, esta petición también cobijaría a los acusados Hernán Elías Osorio Villero, exrepresentante legal de la firma Shaya; Jean Carlos Beleño Calderón y Hernán Jesús Osorio Sarmiento, quienes al igual que Franco son procesados por los delitos de peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer un delito contra la administración pública.

En este caso el ente acusador informó a mediados del año anterior encontró en la EPSI Dusakawi pagos irregulares a proveedores que dejaron un desfalco en la institucionalidad de $3.905.468.836. Entre esos la firma Shaya, representada por Hernán Elías Osorio Villero, que realizó un pago por $1.609.504.489, a la Comercializadora Suministros & Suministros, otro por $2.105.384.347, y a una tercera persona por $190.580.000.

El fiscal del caso

Sobre las pretensiones de la defensa, el fiscal del caso indicó que la solicitud no procede teniendo en cuenta que la entidad de salud es de carácter público que maneja recursos económicos del Estado, que no solo atendía a la comunidad étnica.

“A pesar que Enoc Franco muestra el certificado de pertenecer a los yukpas, deben considerar que existe una ley colombiana que expresa que ellos también son objetos de investigación por la justicia ordinaria. Además, se deben recalcar varios puntos: esto es el resultado de una investigación adelantada en 7 departamentos del territorio nacional, las denuncias por las que inició la indagación pertenecen asimismo a la población civil y por último Franco es un hombre profesional en administración de empresas que si aspiró a cargos como la Alcaldía de Agustín Codazzi es porque ya hacía más parte de la comunidad civil que de la indígena”, aseveró el fiscal.

Por su parte, el representante del Ministerio Público expresó que sin desconocer la capacidad de la jurisdicción indígena, son varios de los demandantes que también pertenecen a la etnia y solicitaron que sea la ley colombiana que se encargue de este delicado proceso.

Ante la solicitud de la defensa, el juez explicó que es competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decidir si la petición de la defensa procede o no en el caso, por lo que suspendió hasta nueva orden la diligencia que estaba programada para la mañana de ayer en el Palacio de Justicia de la capital del Cesar.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN