Tras la firma del acuerdo entre el presidente Gustavo Petro, y las cabezas principales de entidades como el Congreso de la República, las altas cortes y la iglesia para desescalar las tensiones políticas en Colombia, las preguntas que quedan en el aire son: ¿qué viene ahora, se acabarán las mutuas acusaciones y palabras de grueso calibre entre las partes?, y ¿de qué manera eso repercutirá en el bienestar de la gente?

Es necesario ese acuerdo, pero la verdadera prueba vendrá de ahora en adelante, tal es la de traducir ese compromiso en acciones concretas, en un lenguaje político más responsable, en una disposición real al diálogo y respeto mutuo entre las ramas del poder público, pero que además permita que fluya la articulación institucional para resolver los principales problemas del país. ¿de qué servirían los tonos conciliadores entre los poderes si el país continúa sin avanzar en los asuntos que requieren atención prioritaria?

Se ha dicho hasta la saciedad que la institucionalidad no puede ser escenario de enfrentamientos personales. Sin embargo, el país ha caído en altos grados de polarización política con graves consecuencias.

Y no se trata solo de los círculos de poder en Bogotá, es una tensión que se extiende hasta las regiones, donde los alcaldes y gobernadores, por culpa de esos roces entre los altos poderes, ven cómo sus proyectos se quedan engavetados en las instancias nacionales por la falta del giro de los recursos requeridos para su ejecución.

Se esperaría que estos acuerdos representen una oportunidad para las regiones, especialmente para territorios como el Cesar y La Guajira, con Valledupar como punto de referencia que sigue expectante a las acciones del Gobierno nacional.

Lo ideal sería que este acuerdo, que busca unificar el discurso institucional y promover un clima de respeto entre poderes, tenga eco en las regiones. Porque cuando la política nacional se polariza, quienes más sufren las consecuencias no son los políticos ni los funcionarios en la capital, sino las comunidades que siguen esperando soluciones urgentes a problemas estructurales como la pobreza, inseguridad, acceso al agua, desempleo, falta de inversión en salud y educación.

El Cesar y La Guajira también sufren los estragos de esa parálisis institucional derivada de la crisis entre poderes. En Valledupar se sigue a la espera de una visita presidencial de carácter oficial, en la que el mandatario de los colombianos asuma compromisos concretos con los grandes temas de ciudad y de región. Es necesario acabar con esa desconexión del centro del país con la capital del Cesar, por lo menos eso es lo que se percibe por la actitud del presidente Petro. Ojalá que este tipo de acuerdo sirva entonces para que cambie esa situación y la Casa de Nariño, sin distingo de afiliaciones políticas, permita la articulación con los alcaldes, gobernadores y congresistas de cada región.

Si el Gobierno y las instituciones logran pasar de la confrontación al trabajo articulado, regiones como la nuestra podrían finalmente dejar de ser mencionadas solo en tiempos de campaña y comenzar a ser parte real del modelo de país que se quiere construir.

Desde Valledupar, y desde todos los municipios del Cesar y La Guajira, la ciudadanía exige que la paz institucional no sea un pacto de élites, sino una verdadera apuesta para una mayor atención al campo, a los pueblos indígenas, a los jóvenes sin oportunidades y a las comunidades sin agua potable ni conectividad.

Esperamos entonces que esa reconciliación entre las altas esferas del poder se traduzca en soluciones con hechos concretos para el bienestar de las poblaciones de cada municipio guajiro y cesarense.