El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, anunció esta semana el inicio de un trabajo en terreno en ocho ciénagas y playones comunales del departamento del Cesar que abarcan una extensión de 8.200 hectáreas.

Se está hablando de reglamentar el uso de esos predios considerados públicos, para lo cual, durante 15 días, un equipo interdisciplinario integrado por agrónomos, ingenieros topográficos y catastrales, abogados y trabajadores sociales, adelantará una visita técnica de caracterización en las sabanas comunales de Vega Arriba en el corregimiento de Guaymaral, jurisdicción de Valledupar; en Vallito y playones de Medialuna, de El Paso y Chiriguaná; playones de La Tigra, en San Alberto; playones de La Tigrera, en Gamarra; y en los playones Ciénaga, La Reserva y de Aguas Negras, en el municipio de San Martín.

En este proceso surgen muchas inquietudes en cuanto a manos de quién pasarán estos territorios que en el momento son de todos, pero al mismo tiempo de nadie, porque es evidente la falta de control sobre el uso adecuado que se les debe dar por parte de las comunidades que habitan en esos entornos regionales.

Una fuente oficial de la ANT señala que la idea es “garantizar seguridad jurídica, generar sentido de apropiación de estos ecosistemas y empoderar al campesinado, atendiendo al cumplimiento de la Reforma Agraria en el país”.

Explica la fuente que para ello se desarrollarán labores de búsqueda de información necesaria para emitir los reglamentos de uso y manejo sobre esos bienes de uso público en favor de la comunidad campesina residente en esas zonas del departamento del Cesar.
Se puede considerar que ese proceso representa un avance, pero al mismo tiempo no deja de inquietar lo que pueda suceder en la distribución equitativa tanto de los predios como de los recursos y que se garantice el buen uso de nuestros playones y playas por parte de los “nuevos dueños” o personas u organizaciones que queden a cargo de estos.
Lo que se decida con esas ciénagas y playones debe estar bajo la vista de todos y con el acompañamiento de las autoridades locales y entidades como Corpocesar que regule la utilización de esos predios para que no se ponga en riesgo el medio ambiente y se preserven de buena manera todos los recursos naturales que allí existen.
Sería bueno que se aclarara también si estos predios pasarán a manos de propiedades colectivas o individuales, lo mismo que los mecanismos que se emplearán para su distribución, mediante los cuales se especifique quiénes tienen derecho y quiénes no, además de los compromisos y obligaciones que se deben adquirir.
También es importante que en ese proceso haya concertación y socialización con las comunidades locales y así evitar que solo se impongan los criterios de entidades nacionales que podrían contradecir las costumbres raizales de la gente de la región en cuanto al uso de playones y playas consideradas públicas.
La transparencia en la gestión de las hectáreas reglamentadas, así como el acompañamiento técnico y legal para las comunidades sería la forma más adecuada para evitar conflictos y para generar confianza.
El proceso apenas comienza y es importante que desde ahora se le haga el seguimiento necesario en pro de asegurar que no se presenten eventuales sorpresas negativas y también con el fin de saber qué seguirá después y cómo podrán las comunidades locales tener acceso a todos los beneficios que se esperan.