Por: Imelda Daza Cotes

El agotamiento de los recursos naturales a escala planetaria ha provocado un auge inusitado de la minería metalífera y América Latina es ahora la gran proveedora de materias primas, de escaso valor agregado y de muy bajo costo para el mundo desarrollado. Algunos hablan de la reprimarización de la economía, pero el proceso podría denominarse más bien de recolonización  si se analiza la enorme conflictividad ligada a las explotaciones mineras
En toda América Latina abundan las protestas y el rechazo a la minería metalífera a gran escala desarrollada por transnacionales mineras voraces, saqueadoras y depredadoras, de funestas consecuencias  ambientales, sociales, políticas y económicas para las regiones donde operan. Por eso generan resistencia, porque no adelantan una explotación racional y las escasas regalías benefician muy poco a los legítimos dueños de los recursos. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina –OCMAL- actualmente hay 120 conflictos que afectan a más de 150 comunidades en el subcontinente. Sea en Méjico, Perú o Chile los problemas son los mismos, comunidades desalojadas arbitrariamente de tierras que han habitado desde siempre, altísimos niveles de contaminación ambiental, agotamiento de recursos vitales como el agua y la tierra y escasa generación de empleo. Es una minería que representa un modelo de mal desarrollo, que genera conflictos, atropella y desestabiliza a las comunidades, las empobrece y las enferma, por eso es depredadora. Algunos gobiernos latinoamericanos esgrimen la generación de empleo como el gran aporte. No es cierto. La minería a gran escala es una actividad de uso intensivo de bienes de  capital y escasa mano de obra. En la fase inicial requiere de muchos trabajadores, pero en las fases posteriores se reduce la demanda laboral
Todo esto ocurre en La Guajira, una región privilegiada por la naturaleza con unas enormes reservas de carbón que, sin embargo, tras décadas de explotación de una de las minas de carbón más grandes del mundo, muestra un paisaje socioeconómico desalentador y desolador. Muchos pobladores indígenas y otros nativos de la región han sido desplazados a la fuerza por la constante expansión de la mina El Cerrejón. Se ha roto el tejido social y cultural de muchos pobladores. A los wayuus de Media Luna les fue usurpado parte de su territorio ancestral, incluido el cementerio, para construir el puerto de embarque del carbón. En 1991 fueron desalojados Caracolí y Espinal habitados tambien por wayuus. Le siguió el corregimiento de Tabaco en 2001 de donde Intercor, con la complicidad de las autoridades civiles y militares, expulsó a sus habitantes; algunos vendieron sus predios bajo presión, otros no vendieron pero tambien fueron expulsados. La acción fue brutal y hubo presiones de todo tipo, les suspendieron los servicios públicos, destruyeron la iglesia, quemaron el cementerio y algunas casas. Fueron tantas las arbitrariedades contra la población que hubo lugar a un proceso judicial y la Corte Suprema de Justicia le ordenó al alcalde de Hatonuevo reconstruir Tabaco.  Pero no paran ahí los abusos. La locomotora minera, manejada por la multinacional brasilera MPX pretende intervenir y desviar el curso del río Ranchería que es el freno del desierto guajiro, fuente de agua y de vida para miles de habitantes. En el lecho del afluente hay unas reservas calculadas de 500 millones de toneladas de carbón. La reacción de rechazo de la ciudadanía permite abrigar la esperanza de que este abuso sea frenado. Ahora la misma empresa MPX empleando los mismos procedimientos  engañosos y mentirosos pretende desplazar a los habitantes de Cañaverales, población donde hay una importante fuente de agua, un manantial proveedor de vida e indispensable para la subsistencia. La MPX se vale de Licencias aprobadas por el Minambiente y tramitadas ahora por quienes en el gobierno anterior eran los encargados de otorgarlas. Corrupción por doquier
Los habitantes de Cañaverales se han declarado en Asamblea permanente y están dispuestos a defender su integridad como población y a mantenerse unidos por el propósito de impedir más abusos y a frenar el extractivismo depredatorio de las multinacionales mineras. Pero esa lucha no se puede dar aisladamente. Hay que apoyarse en otras comunidades que en Colombia y en otros países luchan por lo mismo y hay que evitar que la explotación carbonífera de tan escasos beneficios regionales convierta a La Guajira en un territorio inhabitable. Es inaceptable que la insaciable voracidad de los grandes nos expulse de nuestros propios territorios. El desierto avanza: Alerta guajiros!!!
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