Lamentablemente en Colombia ya podemos hablar de “el régimen”. La manera como estamos siendo gobernados, el desorden total en el que está inmerso lo público, la nula gestión desde el consejo de ministros, entre otros, es el caldo de cultivo perfecto para revivir ese concepto, producto de la narrativa política de Álvaro Gómez Hurtado en los años 70. 

Petro y sus compinches están enfocados en manipular el poder, aunque esto signifique violar sistemáticamente la Constitución y la ley. Todo actuar del gobierno pretende mostrar como legal lo ilegal, limpiar lo que han ensuciado, normalizar conductas típicamente contrarias a la ley para legitimar sus actuaciones, enquistarse en el ejecutivo, buscar la reelección, etc., etc. Varios de sus amigos, funcionarios y familiares, además de su campaña presidencial, están siendo investigados por lo organismos constitucionalmente destinados para esos efectos. 

Hablar mal de esas actuaciones, mostrarlas ante la opinión pública como evidentes muestras de estar siendo víctimas de una cruel persecución política y callar bocas con puestos y presupuesto, hacen parte de las estrategias que vienen implementando para aferrarse al poder. Un reciente artículo de la Revista Semana, en la que un funcionario del gobierno hace declaraciones acerca del cambio de Petro después de las elecciones de octubre de 2023, son muestra del profundo desespero en el que está el Pacto Histórico. El gobierno viene perdiendo apoyo mes a mes, semana tras semana y día por día; obviamente mantiene en las bases populares un apoyo, que es relativo, porque se debe a subsidios y pagos en favor de esas personas; cuando se acabe la platica -porque en algún momento se acabará-, ese apoyo correrá la misma suerte, será historia.

El país está tan patas arriba, que ahora resulta que el ELN, el mismo grupo narcoguerrillero que se burla constantemente del pueblo colombiano, el mismo acerca del que Petro afirmó que si llegaba a la Presidencia de la República estaría desmovilizado en 6 meses, exige que, para avanzar en el proceso de cambio de sede de los diálogos a Colombia, esperará a que la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general. ¡Esto es surrealista! Los delincuentes ahora les ponen el ‘timing’ a las decisiones de los magistrados, esto es consecuencia de este proceso de desinstitucionalización -de origen gubernamental- que estamos viviendo. 

En el gobierno nada está bien. Ahora parece que se descubren irregularidades millonarias por la compra de 40 carrotanques que apoyarían emergencias en La Guajira. El gobierno los compró, los entregó en noviembre pasado y no han entrado en operación. Se habla se sobrecostos, de falta de personal para operarlos y de que sus características podrían no ser las adecuadas para atender esa región del norte del país. ¿Se acuerdan de la alcaldía de Bogotá, cuando Petro era alcalde, y hubo varios escándalos por compra de camiones recolectores de basura y de motocicletas para la Policía? Cada día que pasa recordamos el paso de Petro por otros cargos, su ineptitud, su constante actuar errático, su falta de gestión es un desastre total como gobernante. Los errores que viene cometiendo el gobierno son inexcusables, por eso viene perdiendo apoyo con el paso del tiempo. 

La pérdida de los Juego Panamericanos, en detrimento de los intereses de Barranquilla, del Atlántico y de Colombia, es un ejemplo de cómo los funcionarios no tienen preparación, desconocen el manejo de lo público. Son ya varios los casos en los que vemos grabaciones de funcionarios manifestando que saben “algo” o “un poco” acerca del cargo para el que han sido designados por el ejecutivo. Esto es vergonzoso.

Mientras tanto, lamentamos el reciente fallecimiento de Rodrigo Pardo -lástima que fuese Canciller de Samper-, un hombre decente, tranquilo y afable. Felicitamos a Miguel Uribe, a María Fernanda Cabal y a los demás congresistas del Centro Democrático, que visitaron Washington para desenmascarar al gobierno Petro y contarle a la OEA y a los congresistas de EE. UU. que en Colombia la democracia está en riesgo. ¡Gracias por eso!

Jorge Eduardo Ávila