Todo el mundo alude a la corrupción, pero pocos sugieren ideas para acabar con este monstruo de mil cabezas. Se habla del qué, pero no del cómo atacar este flagelo que concentra el poder. 

Para enfrentar estos oligopolios hay que democratizar la contratación pública, redistribuirla y generar oportunidades entre los que no tienen músculo financiero para contratar, lo que implica legislar sobre el tema. 

Son ideas que pone a fluir el abogado experto en derecho laboral y seguridad social, Tito Hernández Caamaño, incrédulo con el tan mentado músculo financiero, que no deja de ser un mito y una forma de excluir de la contratación pública a la gran masa de ingenieros y arquitectos, ya que los grandes consorcios trabajan con anticipos que reciben de los gobiernos del orden nacional, departamental y municipal de turno. 

El avezado jurista y educador por antonomasia, urge, además, a legislar para que los bancos levanten las reservas de los fondos del Estado, para evitar que las entidades públicas les hagan el quite a los embargos. 

Ni que fueran archivos secretos de la CIA, el FBI o la KGB, o informes reservados sobre el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, hace años desclasificados, entonces, ¿por qué los bancos no pueden hacer públicas las cuentas, que les permita a los contratistas ejercer presión de pago embargando los fondos del erario? 

El grueso de la plata del Estado está en la contratación oficial, mayor financiador de las campañas político-electorales. 

Todas las fortunas de Colombia están hechas con las gabelas del Estado o la criminalidad, sostenía el expresidente Alfonso López Michelsen, sentencia plasmada en el libro “Palabras pendientes”, de la autoría del exmandatario de los colombianos. 

Filipinas paga tres dólares por cada rata cazada, en su afán de frenar la leptospirosis, una enfermedad transmitida por los roedores, en Colombia la estrategia puede ser diferente, por tratarse de ratas de dos patas que les hacen el sesgo a los organismos de control por falta de pruebas, pero caen en el control social que ejerce el periodismo independiente.