La revocatoria del mandato es una herramienta de la democracia participativa amparada por el ordenamiento jurídico colombiano, que pretende no solo denunciar el incumplimiento del programa de gobierno y ejercer control sobre la eficacia de los actos en el territorio local, ya sea municipio o departamento, de los mandatarios locales, sino darle alcance a la insatisfacción o descontento de la ciudadanía por la forma como esté llevando su programa.  

Los electores somos los llamados a ejercer control sobre ellos y exigir rendir cuenta por sus acciones u omisiones, un poder bastante sobredimensionado de lo que  refleja la realidad.

La Corte Constitucional ha señalado que la revocatoria es tal vez uno de los derechos políticos de mayor repercusión para hacer realidad la verdadera democracia participativa, por cuanto otorga a los electores un importante poder de control sobre la conducta de sus representantes, con lo que establece un nexo de responsabilidad entre estos y su base electoral.

Pero, ¿qué tan eficaz ha sido esta herramienta para el pueblo en ejercicio de ese poder soberano?

La primera vez que en Colombia surtió efecto este mecanismo de participación ciudadana fue en el año 2018, con la revocatoria del alcalde de Tasco, en el departamento de Boyacá.

En esa oportunidad en el municipio de Tasco, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, se obtuvo el 97 % por el SÍ, mientras que el 1,3% fue en contra, un acto histórico en la democracia en Colombia.

De más de 200 iniciativas que se han presentado desde que entró en vigencia la norma, solo ha prosperado una. Eso desde luego habla de su poca eficacia.

Habría que replantear su funcionamiento en Colombia y ahondar en las implicaciones políticas, jurídicas y sobre las finanzas públicas que genera una revocatoria del mandato.

Desgastada o no esta figura, hoy no solo nace de la ciudadanía como derecho fundamental para ejercicio del control político, sino que se vale de ella la oposición como una forma de presión o revancha ante la autoridad municipal o departamental de turno.

Esto genera una incertidumbre en el escenario político donde se presenta, puesto que una vez efectuado el pronunciamiento popular es probable que el resultado de la votación no sea el requerido para revocar al mandatario, es decir, que no supere el umbral, como ha sucedido en Colombia en un gran porcentaje.

En este caso no podría volver a solicitarse otra revocatoria en lo que resta de su periodo, y esta circunstancia desde luego fortalecería lazos y  premiaría a quienes apoyaron a que no prosperara dicha revocatoria. 

Actualmente es muy sonoro la solicitud de revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y hablando con amigos muy cercanos de esa hermosa ciudad, con cargos representativos en el sector público, de quienes me reservo los nombres, todos coinciden en lo mismo, la insatisfacción con el mandatario Daniel Quintero.

Lo tildan de perverso, corrupto, mentiroso, una persona que desestabiliza la institucionalidad en Medellín, una Medellín que ha sido resiliente, y afirman que “vienen seis meses duros para Medellín con un gobierno que no está enfocado en gobernar sino en crear divisiones”.

Desde luego mis amigos no representan un porcentaje significativo de votos habilitados para que prospere la revocatoria, pero sí animan a concluir que aunque no es muy gustoso este mecanismo de participación ciudadana, por la legitimidad de la elección de alcalde o gobernador, y por los defectos estructurales de este mecanismo, sí es un indicador relevante para hacerle eco a una mala administración o gobernanza, o de entender las razones que motivan una revocatoria. 

Está claro que hay circunstancias que limitan la aplicación de este mecanismo en Colombia, empezando por el cumplimiento de requisitos formales que sigue siendo riguroso y desgastante.

Esto hace ver a esta herramienta poco operante en el país, situación que incentiva en pensar en otras formas más eficaces para lograr la revocatoria de un mandatario, la intervención de los órganos de control, por ejemplo, es clave para identificar hallazgos dentro de su gestión, pero aquí la participación del ciudadano se mengua, le restamos valor al poder soberano que pretende la revocatoria y estaríamos frente a otro escenario. 

Solo nos resta tener cultura política y votar castigando a quien no merece representarnos. IG: @bufetegrupolisal / TW: @LisBgaitan

Lisbeth Gaitán