La próxima semana se estará aprobando en primer debate de plenaria en el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia del 2022.

Para el año entrante, esta empresa que se llama Colombia va a requerir 350.4 billones de pesos, para que opere, de los cuales el Gobierno ha sugerido que el 60 % se destine a gastos de funcionamiento, el 22 % para pago del servicio de la deuda y el 18 % para inversión. Lamento que no hayan sido un poco más creativos para equilibrar el presupuesto del 2022 y destinar más recursos para fomentar la creación de empresas y oportunidades de empleos, en vez de promover una política de “Estado Paternalista”.

La distribución del gasto de funcionamiento no tuvo ningún cambio estructural. Tiene poco sentido girarle 158 billones de pesos a los entes territoriales sin un control eficaz de esos recursos que se invierten en los sectores de la salud, educación y saneamiento básico. La mayoría de esas transferencias terminan convertidas en factoring como respaldo de créditos bancarios para poder financiar “elefantes blancos” que poco o nada impactan al desarrollo económico y social de los municipios, y por el contrario terminan en los bolsillos de grupos de financiadores de campañas electorales. El típico “concierto para delinquir” financiado por el Estado.

La cirugía de liposucción que debía practicársele al Estado para reducir el exceso de grasa en burocracia también se quedó en titular de prensa. Destinar 48 billones de pesos en sueldos, adquisición de bienes y servicios, es un irrespeto con los colombianos.

La distribución planteada de los recursos por sectores es otro tema que preocupa teniendo en cuenta que la era pospandemia exige orientar los presupuestos a la inversión en infraestructura de vías y creación de empresas para generar más empleos. Es incomprensible que el presupuesto de inversión del programa de inclusión social y reconciliación (con 20 billones de pesos), sea más grande que todos los presupuestos juntos de transporte, vivienda, educación, agricultura, rama judicial, defensa y Policía. Cuando se le paga a la gente por no trabajar, se termina generando más pobres y endeudando al país. Ya no hay mano de obra para recolectar café ni ordeñar vacas.

Y hablando del sector agropecuario es lamentable que solo le hayan destinado  un presupuesto de inversión de 1.7 billones de pesos, sabiendo que fue el sector que sacó la cara por el país durante la pandemia del covid-19 y que necesita una inyección de recursos de inversión para poder salir de la ineficiencia y el atraso en que se encuentra para poder competir con los productores de los países con los cuales hemos suscritos más de 16 Tratados de Libre Comercio.

La única posibilidad que tienen nuestros productores del campo de sobrevivir ante la arremetida de importaciones agropecuarias subsidiadas, es a través de un programa de ayuda estatal por encima de los 3 billones de pesos, para reducir tasas de interés, subsidiar seguros y otras coberturas de rentas e incentivos  a las nuevas inversiones en sistemas de riego, infraestructura de producción y mecanización de cultivos. El agro no puede seguir siendo la cenicienta del presupuesto de inversión.