Reportamos en nuestras páginas que desde el pasado 26 de mayo la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunieron con 80 representantes sociales  para analizar escenarios que impidan la continuidad del conflicto armado en el Cesar. 

Este espacio tiene como finalidad llegar a la firma de un ‘gran pacto por la no repetición y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Cesar’, una de las prácticas represivas más atroces cometidas durante el conflicto. En este espacio se escucharon las voces, testimonios y compromisos de representantes de las comunidades negras, jóvenes, mujeres, indígenas, víctimas, comunidad LGTB+, empresarios, comerciantes, entre otros.

Según el Registro Único de Víctimas, RUV, entre 1985 y 1997, en el Caribe colombiano se denunciaron 296.178 hechos victimizantes contra líderes, lideresas y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. De estos hechos, 222.132 fueron por desplazamiento, 50.536 por homicidios, 7.822 por amenazas, 905 por violencia sexual y 1.399 por secuestro, entre otros casos. Son números medibles, pero el dolor no. 

En el departamento del Cesar existen alrededor de 453 mil víctimas de desplazamiento, desaparición, tortura, secuestros, amenazas, afectaciones individuales, familiares, comunitarias y colectivas. 

La investigación ‘La maldita tierra’del Centro Nacional de Memoria Histórica, realizada por los periodistas César Molinares y Nathan Jaccard, recopila que el paramilitarismo llegó a esta región del país a mediados de los noventa y que una vez pisaron el departamento la primera estrategia para debilitar a la guerrilla fue secuestrar a familiares de sus líderes, muchos nunca regresaron.

Por eso diariamente hay familias que se despiertan preguntando dónde y cómo están, qué les habrá pasado y cuándo volverán sus familiares, aquellos que de forma sorpresiva sin aviso alguno fueron desaparecidos y que hasta la fecha no se sabe nada sobre sus paraderos. “Las víctimas en el Cesar son unas personas que han tenido una actitud de resistencia y afrontamiento del conflicto armado, que es digno de admirar porque han soportado el peso del conflicto, no solo han perdido familiares sino también su dignidad”, señaló la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Caribe, Ana María Ferrer. 

Buscar a los desaparecidos es una obligación legal y moral, que no da lugar a ambigüedad alguna, ni justificación política que lo impida.  Hubo casos en que las víctimas fueron entregadas a las aguas tormentosas de río Magdalena.  Debemos acompañar en especial a las madres cuyos hijos o nietos se fueron sin rastro. 

Soñamos con que el Cesar sea el departamento que le muestre a Colombia que hay un futuro más allá de la violencia, que es posible construir un territorio de paz a pesar de haber sufrido los horrores de la violencia.