En materia gremial uno entiende que se defiendan intereses puntuales de un determinado sector de la economía, es un asunto de coherencia y es lo que ha venido haciendo Camacol frente al proyecto del Gobierno nacional de reforma tributaria. Pero al margen de ser consecuentes con el sector de la construcción, Camacol está planteando unas […]
En materia gremial uno entiende que se defiendan intereses puntuales de un determinado sector de la economía, es un asunto de coherencia y es lo que ha venido haciendo Camacol frente al proyecto del Gobierno nacional de reforma tributaria.
Pero al margen de ser consecuentes con el sector de la construcción, Camacol está planteando unas observaciones al mencionado proyecto que a simple vista van más allá del interés gremial.
El asunto es puntual: el proyecto de reforma tributaria del gobierno actual busca eliminar la devolución de IVA de los materiales de construcción para vivienda de interés social y las exenciones en renta para este tipo de viviendas.
Para ser claros y precisos, en el proyecto de reforma tributaria las exenciones antes mencionadas las eliminarían en el artículo en el que las eliminan todas y la devolución referida la derogan en el artículo de vigencias y derogatorias.
Frente a lo cual Camacol ha levantado la voz y ha sido serio en decir cuáles son los instrumentos que más le preocupan que se eliminarían con la reforma y los impactos que se generarían. Ha dicho que se pone en riesgo el acceso de 100.000 hogares a la vivienda social por año (más de 310.000 personas). Además, ha señalado que se estima que la nueva oferta de vivienda VIS se contraería en un 80 %, volviendo a los niveles de hace tres décadas atrás.
Se pondrían en riesgo 441.000 puestos de trabajo y se caería el recaudo municipal en $370.000 millones de pesos anuales.
En todo debate es posible que se den posturas encontradas. En lo que para mi gusto no debería haberlas es en el hecho de tomar decisiones que afecten los programas de reactivación económica, sean del orden nacional o de los niveles territoriales. En particular cuando hablamos de desempleo en cuanto a tasa y número de desempleados.
Uno entiende que todo ministro defiende y acata las decisiones del gobierno al que pertenece, pero también está obligado a abrir los ojos y con argumentos señalar cómo se afectaría su sector o cómo se beneficiaría frente a una determinada decisión. Llamo respetuosamente la atención del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) Jonathan Malagón, economista y no cualquier economista, para que desde su condición de cabeza del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, verifique si tiene razón de ser acabar con los mecanismos tributarios para la promoción, construcción y financiación de la vivienda de interés social.
Qué razón de ser tiene hablar de la recuperación del sector vivienda y del paquete de medidas para reactivar al sector, cuando se plantean reformas que podrían poner en riesgo el acceso a vivienda social. Un verdadero contrasentido.
En materia gremial uno entiende que se defiendan intereses puntuales de un determinado sector de la economía, es un asunto de coherencia y es lo que ha venido haciendo Camacol frente al proyecto del Gobierno nacional de reforma tributaria. Pero al margen de ser consecuentes con el sector de la construcción, Camacol está planteando unas […]
En materia gremial uno entiende que se defiendan intereses puntuales de un determinado sector de la economía, es un asunto de coherencia y es lo que ha venido haciendo Camacol frente al proyecto del Gobierno nacional de reforma tributaria.
Pero al margen de ser consecuentes con el sector de la construcción, Camacol está planteando unas observaciones al mencionado proyecto que a simple vista van más allá del interés gremial.
El asunto es puntual: el proyecto de reforma tributaria del gobierno actual busca eliminar la devolución de IVA de los materiales de construcción para vivienda de interés social y las exenciones en renta para este tipo de viviendas.
Para ser claros y precisos, en el proyecto de reforma tributaria las exenciones antes mencionadas las eliminarían en el artículo en el que las eliminan todas y la devolución referida la derogan en el artículo de vigencias y derogatorias.
Frente a lo cual Camacol ha levantado la voz y ha sido serio en decir cuáles son los instrumentos que más le preocupan que se eliminarían con la reforma y los impactos que se generarían. Ha dicho que se pone en riesgo el acceso de 100.000 hogares a la vivienda social por año (más de 310.000 personas). Además, ha señalado que se estima que la nueva oferta de vivienda VIS se contraería en un 80 %, volviendo a los niveles de hace tres décadas atrás.
Se pondrían en riesgo 441.000 puestos de trabajo y se caería el recaudo municipal en $370.000 millones de pesos anuales.
En todo debate es posible que se den posturas encontradas. En lo que para mi gusto no debería haberlas es en el hecho de tomar decisiones que afecten los programas de reactivación económica, sean del orden nacional o de los niveles territoriales. En particular cuando hablamos de desempleo en cuanto a tasa y número de desempleados.
Uno entiende que todo ministro defiende y acata las decisiones del gobierno al que pertenece, pero también está obligado a abrir los ojos y con argumentos señalar cómo se afectaría su sector o cómo se beneficiaría frente a una determinada decisión. Llamo respetuosamente la atención del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) Jonathan Malagón, economista y no cualquier economista, para que desde su condición de cabeza del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, verifique si tiene razón de ser acabar con los mecanismos tributarios para la promoción, construcción y financiación de la vivienda de interés social.
Qué razón de ser tiene hablar de la recuperación del sector vivienda y del paquete de medidas para reactivar al sector, cuando se plantean reformas que podrían poner en riesgo el acceso a vivienda social. Un verdadero contrasentido.