El contratista Julio Enrique Soto Torrado continuará privado de la libertad en su lugar de residencia con motivo a la investigación en su contra por unas presuntas irregularidades en un contrato de construcción en el hospital del corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso.

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Lo anterior debido a que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de conocimiento negó la tarde del miércoles la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad solicitada por la defensa.

“Muy a pesar de que trajo a colación algunos argumentos con los cuales reclamaba la condición de padre cabeza de familia, como lo dijo el fiscal, ello le daría a lo sumo una detención domiciliaria de la cual ya goza. De forma equívoca bajo esos argumentos de padre cabeza de familia pretende una no privativa de la libertad”, comunicó el juez Leonel Romero Ramírez.

Los hechos responden a un contrato de construcción de obra civil para el hospital de La Loma, por un valor superior a 5 mil millones de pesos, que presuntamente no fue ejecutado en su totalidad.

Según la investigación, los  recursos económicos fueron aportados por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía Municipal, pero hubo un millonario detrimento patrimonial.  Además, durante las visitas de verificación a la construcción encontraron fallas en su infraestructura que no validaban los recursos invertidos.

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 Por estos mismos hechos, están siendo procesados también el exsecretario de Planeación de El Paso, Luis Alberto Rizo Almanza, el arquitecto y Luis Camilo Laborde Navarro, en calidad de contratista interventor, entre otros.

Para el ente, los funcionarios orquestaron un desfalco mediante distintas prórrogas en la ejecución que tenían predispuesta para unos cuantos meses y se extendió a años.

Por: Marllelys Salinas / EL PILÓN
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