La violencia armada se mantiene incesante. Ha transcurrido más de un siglo desde que se produjo la primera masacre en el país y las zonas de conflictos se han mantenido intactas. Las estructuras criminales acapararon cada milímetro de territorio ausente que dejó la crisis por falta de gobernabilidad de periodos anteriores.

Las masacres en la población civil siguen latentes presentando un incremento del 30 % en los dos últimos años, delito que exterioriza un impacto humanitario dejando a miles de víctimas en situación de desplazamiento forzoso, despojo de tierras rurales, secuestro, extorsión, reclutamiento de menores, amenazas, entre otros.

Cabe anotar que la producción de cultivos ilícitos es el motor fundamental de las economías ilegales y se registra como una de las actividades que más genera recursos para fortalecer el sostenimiento de las estructuras criminales que le dan continuidad a delitos de alto impacto. Dentro de las Políticas Públicas de Defensa y Seguridad, implementadas por el Gobierno nacional, se encuentra la erradicación, la aspersión y la sustitución de los cultivos ilícitos; actividad que al implementarse debe articularse con programas que desincentiven nuevas plantaciones de alucinógenos y promuevan la protección del medio ambiente, reforestando las tierras afectadas.

Pienso que cada Gobierno trae su afán en la aplicabilidad de las políticas públicas contra las drogas, y así como la institucionalidad sostiene la posición de que el glifosato es uno de los productos más efectivos para la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, otros sectores mantienen la polémica por el uso del herbicida en las posibles afectaciones a la salud humana, animal y del ecosistema; sin embargo, informes desarrollados por organismos internacionales, determinaron que el uso de glifosato es poco probable que contribuya con la aparición de enfermedades cancerígenas y mucho menos un efecto contrario en la producción de cultivos agrícolas.

Quiero destacar los resultados de los avances científicos, al comprobar que la combinación entre la fumigación con glifosato y el uso de lombrices de tierra, es una de las posibles alternativas que evita la degradación vegetal, y ayuda a eliminar rápidamente los residuos que deja el herbicida en el suelo, recuperando su productividad.

Considero la importancia del papel que juega la Fuerza Pública en la implementación de las Políticas Públicas de Defensa y Seguridad; como también lo indispensable que trabajen por el respeto de los Derechos Humanos, al igual que en la protección estratégica de la población civil al momento de implementar la erradicación de cultivos ilícitos y en el mejoramiento de la inteligencia.

Para esta vigencia se han erradicado más de 98.000 hectáreas de coca, cifra que está a punto de superar los registros del año 2019. Es hora que la Justicia colombiana, ANLA y el Consejo Nacional de Estupefacientes den vía libre a la implementación de los programas de aspersión aérea con glifosato, y el Gobierno nacional garantice de manera simultánea atender los programas de sustitución voluntaria con las comunidades. Es indispensable la implementación del uso de imágenes satelitales de alta precisión que identifiquen la extensión de los cultivos y sea acompañada por la ONU.