Para la tarde del próximo 18 de septiembre quedó programada la audiencia de lectura de fallo contra del exmiembro de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, JRC, el médico Carlos Arturo Montero Araujo, investigado por un millonario desfalco al sistema pensional conocido como el ‘cartel de los locos’.

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La mañana de este jueves el Juzgado Tercero Penal Mixto de Conocimiento de Valledupar, en audiencia anunció que se cumplieron todos los presupuestos para dictar sentencia condenatoria en contra del profesional de la salud de 69 años de edad por el delito de peculado por apropiación.

Montero Araujo será por ahora, el único que recibirá de los exintegrantes de la JRC una sentencia anticipada luego que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad diera concepto favorable a la reintegración de $6.000.000 que hizo como parte de su allanamiento a cargo, pese a que dicho montó no había sido avalado en primera instancia por el juez de conocimiento.

La Fiscalía había alegado que el detrimento de Montero Araujo era de unos $233.250.000, cuyo valor no fue ratificado por el tribunal porque discrepó con el entregado inicialmente en las diligencias preliminares. 

 EL DEBATE DE LA PENA

El fiscal cinco seccional, Johan Ustáriz, pidió a la administradora de justicia que a la hora de dictar sentencia tenga presente el daño ocasionado a las arcas públicas en el sistema pensional.

“Esa conducta está rodeada de unas circunstancia fácticas que tienen impacto a nivel departamental e incluso a nacional, teniendo en cuenta que ese dinero es de carácter público pero que se encontraba dentro de una entidad de orden departamental, ello es la Junta Regional de Calificación de Invalidez y que ese dinero se venía fraguando con la aquiescencia de otros funcionarios de la misma entidad”, dijo Ustáriz en la vista pública.

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Por su parte el abogado defensor, Germán Piñeres Vanegas, pidió a la juez que considere el cumplimiento de una condena de Montero Araujo en su lugar de residencia, pues carece de antecedentes judiciales y tiene arraigo en la capital del Cesar.

 LOS OTROS

Los demás exintegrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar deberán enfrentar un juicio luego que el juez de conocimiento no avalara sus allanamientos por no retribuir parte del dinero por el daño causado.

Se trata de Yamile De Jesús Pérez Domínguez (psicóloga) y Eduardo Urbano Marrugo Castellón (médico).  Junto a ellos también están siendo procesador Gian Carlos Miranda Daza (ingeniero de alimentos), Teresa de Jesús De la Hoz Solano (médico), Gilmar Silguero Linero (abogado), Emil Said Baines Ferrer (abogado) y José Miguel Meléndez Vega (pensionado).

Ellos habían aceptado los cargos en las audiencias preliminares del mes de abril de 2018. 

LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación inició luego que a través de una fuente, la Fiscalía obtuvo información de que presuntamente en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, JRC, se emitían dictámenes de pérdidas de capacidad laboral falsos a cambio de grandes sumas de dinero que suministraban los beneficiados para obtener la pensión anticipadamente.

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Según el ente, la mayoría de los diagnósticos estaban dirigidos a declarar a los ciudadanos con problemas psiquiátricos o mentales que realmente no padecían.  Los beneficiarios, supuestamente, eran empleados de las empresas mineras como Cerrejón, Prodeco y Drummond.

Para cumplir con el objetivo de alcanzar la pensión por invalidez, los implicados aparentemente falsificaron documentos, exámenes, entre otros. Es así que habrían logrado realizar un millonario desfalco al sistema pensional del país.