Como si faltara otro conflicto, se ha dado el de las autoridades arhuacas, que habían mostrado probada y fuerte institucionalidad, basada en la conversación y el consenso. Lo ocurrido en las últimas semanas es una acumulación de hechos que reflejan una sorpresiva lucha de poder.  

La más grande y representativa de las etnias de La Sierra, cuya población se estima en casi 50.000 personas localizadas en más de 40 asentamientos en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, podría estar reflejando un resquebrajamiento de las prácticas participativas y democráticas de su admirada cultura ancestral.

Una gran asamblea del pueblo arhuaco, de días, elige, por consenso, a la directiva que es el cuerpo ejecutivo, que encabeza un Cabildo Gobernador. De esa asamblea participan las autoridades tradicionales y los mamos, sabios asesores que hacen valer la preservación de los valores, las tradiciones y las normas de convivencia.

El derecho ‘constitucional’ arhuaco, basado en una Política General, contenida en un Documento Guía, determina que los “acuerdos y decisiones de la Asamblea General se convierten en Ley del territorio, y la Directiva General es la encargada de liderar los procesos internos, fortalecer el sistema propio de gobierno e impulsar el ejercicio de la gobernabilidad y la autoridad, manteniendo, la unidad de su pueblo…”

Los viejos Resguardos, en virtud de la Constitución de 1.991, ganaron más reconocimiento y  en algunas  sonadas  decisiones penales de sus autoridades se han sustraído de la ley nacional.

De modo que  los últimos hechos  tienen ribetes de política y de derecho.  El gobierno adoptó unas políticas excepcionales contra el covid-19, que limitó la libertad de circulación y esas disposiciones, se aplican a esos  territorios, con más rigor en estos días por nuevos casos.

Es un argumento que expone la Directiva General defenestrada en cabeza del cabildo gobernador José María Arroyo, que censura  una asamblea  hecha sin participación de la totalidad de los arhuacos, realizada bajo física aglomeración violatoria de la cuarentena nacional.

Esa ‘parcial’ asamblea, no convocada legalmente por la Directiva General, ni siguiendo el precedente de reuniones desde 2018, eligió nueva directiva y gobernador, Zarwawiko Torres, que decidió conminar a la saliente a presentarse en Nabusímake a rendir cuentas.  En actuación ‘extraterritorial’ la guardia se presentó en la Casa Indígena de Valledupar y metió a empellones en carros a sus miembros, incluido el gobernador Arroyo Izquierdo, quien habría sido ‘liberado’ por la Policía Nacional a la salida de la ciudad y se dirigió a colocar la denuncia.  Otros dos miembros, el tesorero y el secretario General, Reinaldo Izquierdo y Hermes Torres, fueron subidos por Sabana Crespo, en mula arribaron a Nabusímake; según la vieja directiva están en calabozo y la nueva dijo que están deliberando en Asamblea.

El Procurador General Fernando Carrillo debe intervenir, así como el nuevo defensor Carlos Camargo, y, por lo menos,  propiciar el diálogo y la unidad del importante pueblo arhuaco.