Son preocupantes las cifras del DANE y las mediciones que hace el CESORE, divulgadas por este medio y por algunos columnistas sobre la corrupción, la criminalidad, la inseguridad, el desempleo, la educación, la crisis de la salud, la desigualdad y la pobreza en el departamento.

En cuanto a la corrupción, para solo abordar uno de los temas mencionados, es sabido que las administraciones anteriores, del orden departamental y municipal, no fueron transparentes, y por lo tanto tenemos que crear conciencia, así nos volvamos repetitivos, que los dineros públicos deben ser manejados con total pulcritud.

Ya este diario y varios de sus columnistas han sido abanderados en la lucha contra este flagelo. Se ha informado hasta la saciedad que muchas de las obras que fueron contratadas, hoy están inconclusas, y otras que fueron planificadas para ser entregadas en determinado tiempo, no lo fueron. Pero no solo en la contratación, sino en otras actuaciones administrativas se ha visto la mano negra de la corrupción. Duele, que ante este fenómeno, ni siquiera haya pronunciamiento de personas con cierto reconocimiento moral. Siguen callados, ¿será que salieron a protestar el 21N?

Lo importante contra los corruptos es la sanción social, no elegirlos, y eso duele más, pero se eligieron. Las redes sociales son un control social, pero la sociedad debe tener conciencia de que no debe tolerar más hechos de corrupción.

En cuanto a lo que viene, no podemos distraer los temas prioritarios. Si bien es cierto el desempleo y la inseguridad son de gran preocupación, el principal, es combatir la corrupción; y mientras llegan las reformas especificas en materia de contratación, por que muchos consideran que el problema está en las mismas normas, los mandatarios elegidos deben hacer lo que depende éticamente de ellos, que es realizar procesos de contratación con total transparencia (no más adjudicaciones a dedo), no meterle la mano al erario público para su beneficio y el de su familia, no pagarle al contratista si la obra no está completamente terminada, y permitir la veeduría ciudadana en todos los procesos de contratación, para que ante cualquier irregularidad sean quienes denuncien y aporten las pruebas a los organismos de control. Me decía un amigo, que hay dos cosas por las cuales un funcionario no debe salir de la administración pública; ni por ladrón, ni por inepto.

Es posible que muchos digan que soy un inocente, que los mandatarios elegidos no van a enfrentar la corrupción, y que al cabo de los cuatro años nuestros habitantes se darán cuenta que eligieron a la misma clase política corrupta y que seguimos en las mismas; pero me resisto a creer, en el caso del Cesar, que vayamos a ser el último departamento del Caribe en comenzar a combatir la corrupción. Será que tenemos que esperar un mandato contundente del pueblo que ya comenzó con casi trece mil votos, o la sociedad civil puede anticiparse y ser escuchada. Los habitantes del departamento del Magdalena y su capital Santa Marta, acaban de sancionar electoralmente a la clase política tradicional y dieron el paso al parecer en la dirección correcta. Nosotros, ¿cuándo lo vamos hacer?

Quienes se comprometan a combatir la corrupción, deben saber que ella se enfrenta con voluntad y carácter. Invito a la sociedad civil, ahora que se ha despertado, que ante cualquier acto de corrupción de los entrantes mandatarios, nos pronunciemos y no quedarnos callados.