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Judicial - 22 noviembre, 2019

Los enviaron a prisión por posible tráfico de armas al Eln

Según la investigación, ellos cumplían funciones específicas para mercantilizar el material bélico en diferentes departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.

Los implicados fueron presentados a los estrados judiciales de Valledupar. 

FOTO/ JOAQUÍN RAMÍREZ
Los implicados fueron presentados a los estrados judiciales de Valledupar. FOTO/ JOAQUÍN RAMÍREZ
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El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar decidió Según la investigación, ellos cumplían funciones específicas para mercantilizar el material bélico en diferentes departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander,

La estructura estaba aparentemente conformada por Edgar Alirio Tamayo Estrada, alias Julián, quien era el cabecilla; Carlos Andrés Ebratt Sánchez, alias El Guajiro, segundo cabecilla, y Alvi Iván Muñoz Beltrán, alias Mocho.
Otros integrantes eran Alberto Luis Ospino Rojo, alias Buche; Royman Manuel López Flórez, alias Royman; Eider Hernando Álvarez Rodríguez, alias Eider, y Cesar Oswaldo Barragán Barrios, alias Buda.

Lee también: Cayeron presuntos comercializadores de armas en La Guajira

Según la investigación, ellos cumplían funciones específicas para mercantilizar el material bélico en diferentes departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander, además de tener conexiones criminales en Arauca, Boyacá y Casanare.

La Fiscalía 133 Especializada contra el Crimen Organizado dio a conocer que traficaban armamento corto-largo alcance y material de guerra como fusiles Ak-47, R-15, pistolas Five Seven, Pietro Beretta, Sig Sawer, Glock y revólveres Smith & Wesson con municiones de diferentes milímetros, además de granadas de fragmentación, entre otros.

Al parecer, estos eran transportados en tractocamiones cargados con chatarra o vehículos acondicionados para el transporte informal de pasajeros.

‘ARMAMENTO PROVENÍA DE VENEZUELA’

La Fiscalía indicó que la compra y el transporte del armamento era coordinado desde bases militares venezolanas y posteriormente ingresado al país por las trochas de las zonas fronterizas.

Agregó que la organización abastecía de material bélico al Ejército de Liberación Nacional, Eln, más exactamente a los frentes José Manuel Martínez Quiroz y Camilo Torres Restrepo, el cual opera en la parte nororiental de Colombia, entre otros Grupos Armados Organizados (GAO).

Lee también: Durante la marcha, disturbios en la plaza Alfonso López

A los procesados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Todos fueron capturados mediante un operativo de la Fiscalía y la Dijín en unos allanamientos realizados en el municipio de Maicao, La Guajira.

Por esta investigación iniciada el 16 de noviembre del año 2017 se han realizado en el país tres operaciones policiales, que dejaron a la fecha como resultado la judicialización de 24 personas.

Judicial
22 noviembre, 2019

Los enviaron a prisión por posible tráfico de armas al Eln

Según la investigación, ellos cumplían funciones específicas para mercantilizar el material bélico en diferentes departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.


Los implicados fueron presentados a los estrados judiciales de Valledupar. 

FOTO/ JOAQUÍN RAMÍREZ
Los implicados fueron presentados a los estrados judiciales de Valledupar. FOTO/ JOAQUÍN RAMÍREZ
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El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Valledupar decidió Según la investigación, ellos cumplían funciones específicas para mercantilizar el material bélico en diferentes departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander,

La estructura estaba aparentemente conformada por Edgar Alirio Tamayo Estrada, alias Julián, quien era el cabecilla; Carlos Andrés Ebratt Sánchez, alias El Guajiro, segundo cabecilla, y Alvi Iván Muñoz Beltrán, alias Mocho.
Otros integrantes eran Alberto Luis Ospino Rojo, alias Buche; Royman Manuel López Flórez, alias Royman; Eider Hernando Álvarez Rodríguez, alias Eider, y Cesar Oswaldo Barragán Barrios, alias Buda.

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Según la investigación, ellos cumplían funciones específicas para mercantilizar el material bélico en diferentes departamentos como La Guajira, Cesar y Norte de Santander, además de tener conexiones criminales en Arauca, Boyacá y Casanare.

La Fiscalía 133 Especializada contra el Crimen Organizado dio a conocer que traficaban armamento corto-largo alcance y material de guerra como fusiles Ak-47, R-15, pistolas Five Seven, Pietro Beretta, Sig Sawer, Glock y revólveres Smith & Wesson con municiones de diferentes milímetros, además de granadas de fragmentación, entre otros.

Al parecer, estos eran transportados en tractocamiones cargados con chatarra o vehículos acondicionados para el transporte informal de pasajeros.

‘ARMAMENTO PROVENÍA DE VENEZUELA’

La Fiscalía indicó que la compra y el transporte del armamento era coordinado desde bases militares venezolanas y posteriormente ingresado al país por las trochas de las zonas fronterizas.

Agregó que la organización abastecía de material bélico al Ejército de Liberación Nacional, Eln, más exactamente a los frentes José Manuel Martínez Quiroz y Camilo Torres Restrepo, el cual opera en la parte nororiental de Colombia, entre otros Grupos Armados Organizados (GAO).

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A los procesados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Todos fueron capturados mediante un operativo de la Fiscalía y la Dijín en unos allanamientos realizados en el municipio de Maicao, La Guajira.

Por esta investigación iniciada el 16 de noviembre del año 2017 se han realizado en el país tres operaciones policiales, que dejaron a la fecha como resultado la judicialización de 24 personas.