Luego de la Ruta del Sol, la Concesión Cesar-Guajira se vislumbraba como el segundo proyecto vial de mayor impacto en el departamento. Estaban programados en el contrato inicial la intervención de 350 kilómetros de vías, de los cuales 230 kilómetros correspondían a intervenciones de rehabilitación, 136 kilómetros a mantenimiento rutinario, 5.6 kilómetros de construcción de segunda calzada y 8.6 kilómetros en construcción de vía nueva.

Sin embargo, diferencias entre las comunidades y el contratista de la Concesión impidieron el total desarrollo del proyecto. Al ser una iniciativa privada la obra se haría sin desembolso de recursos públicos, por lo que el dinero saldría de la instalación de peajes en las vías.

“El funcionamiento de la Concesión Cesar-Guajira depende del recaudo del peaje y una inversión del ente privado. Los peajes hacen parte del soporte de cada uno de las unidades funcionales, motivo por el cual se estableció desde un comienzo el recaudo de los peajes de San Roque, San Diego, Río Seco-San Juan del Cesar”, explicó en su momento Carlos Tamayo Sierra, director técnico de la Concesión.

EL PEAJE QUE GENERÓ LA DISCORDIA

El problema nació con la instalación del peaje en la vía que conduce del corregimiento de Río Seco, jurisdicción Valledupar, hasta San Juan del Cesar, La Guajira. El consejo comunitario ancestral ‘Carmelo Banquet’ de San Juan del Cesar radicó una tutela en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura y los ministerios de Transporte y del Interior, del Instituto Nacional de Vías, Invías, y la Concesión Cesar- Guajira S.A.S., entre otros, por la autorización de la edificación de un peaje en esa zona.

Lo anterior, justificaron, porque se ejecutó “sin haber socializado esa obra a través de la consulta previa que establece la ley”. La Corte Suprema de Justicia les dio la razón y ordenó suspender las resoluciones nro. 1919 de 2015 y 2036 de 2016 dictadas por el Ministerio de Transporte en las cuales se autorizaba la construcción del peaje de Río Seco. Como la funcionalidad de la obra dependía de ese recaudo, la empresa que constituyó la Concesión, Construcciones El Cóndor S.A., decidió abandonarla en agosto del 2017.

“¿Cómo fue posible iniciar estos contratos sin haber acuerdo con la comunidad? Es perder tiempo y dinero. Es como organizar una boda sin haberse comprometido antes”, señaló el diputado de la Asamblea del Cesar Jairo Rafael Gómez Por eso, más allá de las rehabilitaciones que alcanzó a realizar la empresa, la construcción quedó en el aire hasta llegar a la suspensión del contrato a inicios del 2019 con el pago a la Concesión de $80.000 millones por el trabajo realizado.

LOS PEAJES QUE QUEDARON INSTALADOS

Por orden de la Corte Suprema el peaje que conduce de Valledupar a San Juan está fuera de funcionamiento, sin embargo, otros dos peajes que entraron dentro del contrato con la concesionaria siguen en funcionamiento.

El peaje de San Diego (también llamado de Codazzi), y el de Rincón Hondo, corregimiento de Chiriguaná, fueron construidos durante la concesión liquidada pero aún están hábiles. Vale aclarar que en el de San Diego la tarifa es media.

En ese sentido, el director de Invías regional, Gilberto Pérez, aseguró que ellos solo se encargan de poner el personal y la parte operativa. Los recursos que ingresan van a unas cuentas del Estado.

Germán Arévalo, coordinador del grupo de peajes, explica que los recursos recaudados en las carreteras en los peajes que fueron hechos bajo concesiones son destinados para el mantenimiento de la vía de influencia.

En este caso en particular, en respuesta a una petición, la Contraloría General de República aseguró que el proyecto Cesar-Guajira fue estructurado con una subcuenta que se encuentra dentro de la ANI con el propósito de contar con una provisión o ahorro para el pago de riesgos que surgieran durante el contrato. Ese recurso sale de esas estaciones que fueron instaladas en su momento dentro del proyecto.

No obstante, ese dinero no era entregado al Concesionario enseguida, sino hasta que finalizara las obras. Como se liquidó el contrato y se dio fin a la subcuenta, en busca de mayor claridad en la Asamblea Departamental del Cesar se tiene planificado citar a las autoridades para aclarar la situación de los peajes.

“Lo que queremos es hacer citación al gobierno departamental e invitar tanto a la ANI como al Ministerio de Transporte para ver hasta cuándo estarán instalados los peajes y cuánto se le pagará a esta alianza por los arreglos que hizo”, aseveró el diputado Miguel Gutiérrez. Además, en la citación que está planificada para el segundo periodo se buscará detallar el futuro del mantenimiento de la vía.

NO COMETER LOS MISMOS ERRORES

En enero de este año, el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, aseguró que están buscando una nueva concesión para la ejecución de la obra con los cambios suficientes para evitar inconvenientes con las comunidades. Y es que el viceministro reconoció en medios de comunicación que el nuevo proyecto no es viable sin antes concertar con las comunidades.

La primera concertación son los peajes que desde el comienzo no contaron con el apoyo del sector político del Cesar ni La Guajira, además de la oposición de gremios como los transportadores. “Definitivamente que el proyecto partiera de la instalación de unos peajes antes de ver una mejoría sustancial en las condiciones de la vía fue algo erróneo, pues la comunidad en general se opuso y al final fueron ellos quienes lo hicieron inviable”, aseguró el congresista guajiro Alfredo Deluque.

“Es claro que si queremos tener buenas vías, tenemos que pagar peajes. En el departamento del Cesar (la Concesión) nos dejó dos peajes: el Peaje de Chiriguaná y el peaje de San Diego, son vías que se están dañando y no hay arreglo. Lo que hay que exigir al gobierno nacional es que si tiene esos peajes, deben arreglar esas vías” aseveró por su lado el diputado Camilo Lacoutere.

En caso de que la idea del Gobierno Nacional de reabrir la construcción y rehabilitación de las vías en ambos departamentos se convierta en realidad, lo primero es contar con el aval de las comunidades, complementan los diputados. “Se quiso poner muchos peajes en un trayecto muy corto, creo que entre 120 0 140 kilómetros unos tres peajes, además en una vía unidireccional. Claro que tenemos que avanzar a mejorar las vías pero hay que acercarse más a la realidad de los territorios, no desde un escritorio”, agregó el diputado de la Asamblea del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez.

De los errores de la vía que nunca fue una realidad quedó demostrado que más allá de la importancia de un proyecto, su realización depende de contar con el aval de la comunidad.

DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN – [email protected]