Por: MAIRA MANOSALVA / EL PILÓN
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A los debates de la Asamblea del Cesar llegó con fuerza el tema de la tercerización y la subcontratación que se desarrollan en el sector minero del departamento.

“Con esta proposición presentada ante los honorables diputados iniciamos este camino para trabajar por los empleados tercerizados del sector minero, debido a que las condiciones de trabajo no son las mejores y se desarrolla explotación laboral, violación de derechos, exclusión y ninguna garantía de permanencia”, señaló Eduardo Santos, diputado proponente.

El corredor minero del Cesar está comprendido por los municipios de Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Codazzi y Becerril donde según los datos entregados por los grupos sindicales como Sintramienergetica el 70 % del personal contratado en las empresas mineras esta por tercerización y subcontratación.

“Fueron estas cifras las cuales nos inquietaron por nuestra comunidad cesarense y citamos a través de correos, vía llamadas y certificaciones pero los representante de estas entidades privadas no asistieron, le tienen miedo a la realidad del daño que ocasionan a los trabajadores del Cesar en la parte minera. En nuestra ponencia quedo claro el abuso y el atropello a la comunidad que se realizan por este tipo de contratación”, indicó Santos.

Las empresas de explotación minera ubicadas en el departamento actualmente son: Gecolsa S.A, Drummond LTDA, Glencore y Prodeco, de las cuales Gecolsa y Drummond cuentan con una sanción que oscila en los 2.600 millones de pesos emitida por el Ministerio del Trabajo por la ilegalidad en la tercerización laboral.

Para Horacio Llanos, secretario general de Sintramienergetica, las sanciones son derogadas en segunda instancia, por este motivo las acciones deben ya tomarse a través de mesas de trabajo integradas por todo los actores implicados en el sector minero.

“Las sanciones nacionales no son ya de gran importancia por la fuerza que hacen los duelos de las empresas privadas en la política colombiana, por este motivo desde el sindicato hacemos un llamado para que estas violaciones al trabajador se vean desde una mirada internacional a través de las mesas de trabajo”, contó Llanos.

Ante el panorama, las secretarias de Gobierno y de Minas señalaron su participación en la mesa de trabajo que quedo programada para el mes de junio en la que los principales ponentes y representantes son los entes administrativos de la Gobernación del Cesar.

“Somos veedores de estos procesos y al día de hoy esta problemática se nos ha crecido por los casos expuestos por los cesarenses sobre todo el atropello en cuento a los derechos de los trabajadores por este motivo aceptamos las mesas de trabajo y estaremos para trabajar. Además, nuestras facultades son pocas en el desarrollo de estas actividades debido a que son temas controlados desde el Gobierno Nacional”, argumentó Carmen Galvis.