Con terquedad aragonesa el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla insiste en la necesidad de vender, esta vez, el 8.9% de las acciones de la Nación en ECOPETROL. En 2004, en su calidad de ministro de Hacienda, había descartado de plano la privatización de ECOPETROL y en su lugar planteó la conveniencia de vender aquellos activos no estratégicos de la empresa.

Posteriormente presentó al Congreso y este le aprobó la Ley 1118 de 2006, mediante la cual se cambió la naturaleza de ECOPETROL para convertirla en una sociedad anónima por acciones. En esta misma Ley se autorizó “la emisión de acciones y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas”. No obstante, el legislador estableció una barrera con el fin de preservar el carácter estatal de ECOPETROL y dispuso que “se garantizará que la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento de las acciones”.

El paso siguiente fue la colocación en el mercado del 11.1%, hoy en manos de accionistas minoritarios. En el 2009, cuando ya había hecho dejación del cargo, conceptuó que no le veía sentido “tener en el balance del Gobierno Nacional acciones de ECOPETROL o de otras empresas, siendo que tenemos tantas necesidades. Ese es un lujo que uno muchas veces no se puede dar”.

Como es bien sabido el déficit del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2019, cifrado según el ministro de Hacienda en $14 billones y para cubrirlo se aprobó la Ley de financiamiento para cubrirlo, pero de ella sólo se esperan $7.3 billones. Vuelve y juega, para cubrir el faltante acaba de plantear el ministro Carrasquilla la venta del 8.9% adicional de las acciones de la Nación, con el fementido propósito de tapar el hueco fiscal, cuando en realidad de lo que se trata es de taponar la tronera que se le abrió a los ingresos del Estado con dicha Ley.

En efecto, en dicha Ley no sólo se mantuvieron las onerosas gabelas a favor de las empresas sino que se adicionaron otras, cuyo costo sobrepasa con creces los $8 billones que se aspira recibir por esta operación de venta de acciones del Estado, en un claro trasvase de recursos del erario a las empresas.

De prosperar esta iniciativa, con tales recursos podrá enjugarse parcialmente el déficit, pero hacia el futuro serán menores los ingresos por concepto de dividendos. De darse esta venta, estos se reducirían en la misma proporción y lo que se estaría, entonces, es abriendo un hueco para intentar tapar otro. Este es el primer coletazo de la Ley de financiamiento.