En riesgo podría estar la reincorporación de los excombatientes de las FARC, debido a supuestos incumplimientos de parte del Gobierno Nacional, según dijeron porque compromisos básicos pactados en La Habana como la cedulación de estas personas no se ha dado. En un balance realizado en este mes en Los Pondores, jurisdicción de Fonseca, La Guajira, evidenciaron problemas de seguridad jurídica y física. “Son aproximadamente 400 presos de FARC los que, a pesar de que ya hubo amnistía e indulto, siguen presos en condiciones infrahumana, 475 líderes y 89 exguerrilleros asesinados, todo bajo un manto de impunidad, muertos que no preocupan al Estado”, dijo Milton Toncel, (Joaquín Gómez). De igual modo, se refirió a la incertidumbre que se vive en los diferentes Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), debido a que el próximo 31 de diciembre terminará el abastecimiento de alimentación, lo cual va ligado al término de los contratos de arrendamiento de los terrenos en los que se construyeron estos espacios. Bertulfo Álvarez, líder del ETCR y exintegrante del antiguo Secretariado de las FARC, aseguró que “nosotros hicimos el aporte más importante para la paz con la dejación de armas y eso no se tiene en cuenta, en un conflicto de más de 50 años hacer ese aporte a la paz y no es tenido en cuenta, las modificaciones a la JEP nos dejan solos, diciendo la verdad como si fuéramos los únicos actores y culpables de un conflicto político militar, eso ha generado desconfianza y pudo haber sido una de las causas que generó la decisión de refugiarse de Iván Márquez y el Paisa Oscar ”. Durante el balance de la situación resaltaron la documentación legal de los exguerrilleros, el cual es el primer requisito para la reincorporación a la vida civil, debido a que según Marinelly Hernández, delegada del Consejo Territorial de Reincorporación por parte de la FARC, a la fecha se cuentan aproximadamente 109 integrantes en Pondores sin acreditación, sin amnistía, sin bancarización y algunos sin identificación, “aunque llegaron a terreno con el resto de la tropa, aún no aparecen en los listados nacionales. Esta problemática fue socializada incluso en presencia del actual presidente de Colombia, Iván Duque, en su visita este año al ETCR, más no ha tenido solución alguna”. Geiner Alfonso Arrieta, delegado por parte FARC a la mesa técnica de salud del ETCR y coordinador de Salud explicó: “El haber pertenecido durante años a una guerrilla móvil los exguerrilleros traen un acumulado de enfermedades y de problemas de salud distintos a los de la gente común y aunque hemos tratado de acudir a canales, como los derechos de petición, nos encontramos con situaciones que entorpecen la reincorporación en el tema de la salud y el bienestar”. Arrieta, quien ejerció como médico de la organización guerrillera, explicó que para acceder a segundo nivel de especialidades o para realizarse estudios médicos básicos es preciso dirigirse hasta el municipio de San Juan, ya que en Fonseca, el más cercano al territorio que ocupan, no hay una oficina de atención de la EPS: “Estamos luchando por tener una oficina de atención al usuario en Fonseca, ya que no contamos con sede cerca para una autorización, estudio, remisiones o especialidades, toca desplazarse hasta San Juan y sale más costoso el costo del pasaje que el estudio, algo que va en contra de la buena prestación de un servicio médico”. También se refirió al tema de las ambulancias y la presencia de médicos certificados. “Se reevaluó a nivel nacional este tema y se priorizaron los lugares por las distancias de los ETCR a los cascos urbanos, Pondores quedó en nivel 1, donde la ambulancia debe acudir al llamado y el médico debería visitar al menos 3 veces cada 15 días pero aquí eso nunca se ha hecho desde que se estableció la norma, solo viene una auxiliar de enfermería quien no está facultada para suministrar medicamentos ni para prescripciones, muy limitado para lo que se presenta a diario en nuestra comunidad. La salud de los niños y lactantes, aproximadamente 45, también se ha convertido en un problema ya que algunos son hijos de exguerrilleros que no están certificados y no cuentan con afiliación a EPS por lo cual no pueden recibir la atención que requieren”. Entre tanto, Jessica Faietas, jefa de la Misión Adjunta de ONU en Colombia, resaltó el esfuerzo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, que han hecho un fondo para la reincorporación con el cual han apoyado algunos de los proyectos productivos. “La misión sigue con sus esfuerzos de incidir ante el Gobierno, sobre todo ante el actual Gobierno, en hacer evidentes las necesidades, lo que falta por hacer y cumplir, en particular en materia de reincorporación económica y social”. Pese a los incumplimientos, los exguerrilleros se mantienen en su palabra y a la fecha cuentan con cinco proyectos productivos, logrados con esfuerzos propios de la renta básica mensual de 700 mil pesos asignados a cada reincorporado por el acuerdo. Una granja agrícola integral apoyada por el Programa Mundial de Alimentos, una fábrica de confecciones impulsada por el SENA, un proyecto de abonos orgánicos impulsado por financiación de la comunidad sueca y alemana, un proyecto de turismo que ha ganado el premio al fondo Emprender por gestión propia y un proyecto de ebanistería que aún no cuenta con las herramientas básicas y ningún proyecto productivo de parte del gobierno como cumplimiento a lo pactado. Imelda Daza, quien fue candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento de la FARC, explicó que los incumplimientos del Gobierno han sido desde el primer día, debido a que cuando los excombatientes llegaron a Pondores no había ni una carpa para resguardarse del sol. Explicó que pese a ello, los exguerrilleros han trabajado de manera dura y por sus propios medios han salido adelante, con proyectos productivos y capacitaciones que ellos mismos han buscado. Daza también dijo que de esta población ningún exguerrillero se ha ido y en cambio, ha traído a vivir a familiares cercanos.