Por lo acontecido, después de que un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mató a un ladrón cuando atracaba a una mujer que conducía su coche  en Bogotá, no cabe duda alguna de que las autoridades de nuestro país están altamente desenfocadas en el manejo y control de la delincuencia común que tan a menudo nos azota.

Que el Presidente de la República, cite al escolta involucrado al Palacio de Gobierno para indagarlo y felicitarlo por tal insuceso, sin haberse cumplido el debido proceso judicial, solamente ocurre en un país donde muy pocos (para no decir nadie) respetan el ordenamiento jurídico establecido.

Le pregunto al abogado Hugo Mendoza Guerra (quien si merece felicitaciones públicas por su excelente columna sobre este mismo tema), ¿Será que las autoridades del país están desesperadas por los altísimos índices  delincuenciales que tienen atiborradas las cárceles y, por ende, a los delincuentes, hay que matarlos  en los sitios donde cometan los delitos?

Tal desatino del presidente JM Santos es meritorio de un amplio debate sobre la aplicación de medidas efectivas para disminuir la delincuencia, entre las cuales tenemos la resocialización de los delincuentes mientras pagan sus condenas, la cadena perpetua, la pena de muerte y otros castigos ejemplarizantes. Porque tratar un asunto tan espinoso como delicado, sin tino ni acierto alguno, es crasa irresponsabilidad, por no decir doble moral.

En modo alguno estoy reclamando castigo para el escolta en mención, cuya suerte, según el ordenamiento procesal penal colombiano, depende de la decisión de un Juez de Control de Garantías y de Conocimiento, no de otro funcionario aunque sea la máxima autoridad del país, que nunca debería intimidar a sus subalternos. Si esto lo hace el presidente JM Santos, a quien el  Comité Nobel Noruego, elegido por el Parlamento Noruego le otorgó el Premio Nobel de la Paz, peores abusos cometerían los candidatos radicales de izquierda y de derecha  que están aspirando a remplazarlo en el poder superior del país.

Mi mensaje conlleva la intención de que el próximo 11 de marzo votemos por los candidatos más idóneos aspirantes al Congreso Nacional. Y en la primera vuelta de la elección presidencial, y en caso de que no se defina, en la segunda vuelta elijamos como Presidente de la República a quien por sus antecedentes haya querido dar al pueblo mejor bienestar.

En estas elecciones hay que decirles NO rotundo a los politiqueros, que siempre escogen y nombran jueces, magistrados, fiscales, procuradores, contralores, ministros, embajadores, directores de entidades como el Sena, ICBF, Dian, DNP, de las superintendencias y demás subalternos, para que defiendan sus intereses particulares. A tales populistas, dentro del espectro izquierda-derecha, raras veces se les cuelan  aquellos que optan por el mejoramiento de las condiciones de toda la gente, que son adalides de la justicia social, la gran precursora de la convivencia pacífica.