Inquietante, por decir lo menos, resulta la posición fijada por el gobierno del presidente Santos, en relación con las consultas y revocatorias, ya que su financiación correría por cuenta de quien las promueve. Es decir, en tratándose de revocatorias de alcaldes y gobernadores y consultas populares, estas deberán ser financiadas por el Departamento, Distrito o el Municipio que las promueva. Lo anterior, justificado en el hecho de la difícil situación fiscal por la que atraviesa la nación.

Pues bien, con “el cuentico” de la difícil situación fiscal por la que atraviesa la nación, que solo aplica al momento de establecer el salario mínimo para el pueblo colombiano, pero que se olvida ipso facto al momento de fijar las nuevos salarios para los señores congresistas, se pretende limitar el legítimo ejercicio democrático de participación ciudadana, pues ello se ha convertido en una piedra en el zapato para la explotación minera, pues para nadie es un secreto que la minería es una de las “locomotoras” del presidente Santos, y que su gobierno le apuesta a la explotación de los recursos naturales a través de la inversión extranjera, así se haga en condiciones de dudosa sostenibilidad ambiental.

Frente a esta situación son varios los municipios que han votado masivamente por el No. Pero su voz no ha tenido eco en las altas esferas del poder, porque sencillamente prevalecen otros intereses, en menoscabo de la democracia misma.

En ese orden de ideas, valdría la pena dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo del Acto Legislativo 003 de 2011 que modificó el Artículo 334 de la Carta Política, en cuyo tenor se expresa: “…bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.

Es obvio que los entes territoriales con bajo presupuesto, estarían en imposibilidad física, en razón al costo que representa, hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana, a diferencia de otros, que no tendrían problemas para ello, lo que daría lugar a situaciones aberrantes de desigualdad e injusticia social, que para nada comulga con el Estado Social de Derecho que pregona la Carta Política. Es necesario pues, propugnar para que los asuntos de tan profundo calado social se diriman por las vías democráticas, y ello se logra garantizando a los ciudadanos su derecho fundamental a elegir y ser elegido y a participar en la toma de decisiones que más convenga a su Departamento, Distrito o Municipio, es así como funciona la democracia.

Por Darío Arregocés Baute