El trabajo solitario de las administraciones territoriales, bajo la excusa de tener la representatividad de la base electoral, ha llegado a su fin, de acuerdo al director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez. Según el funcionario, los nuevos escenarios de éxito en ciudades y áreas rurales están basados en la gobernanza, la cual se define como “las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”.

Dos mecanismos han permitido la vinculación del sector privado en escenarios de concertación y ejecución de programas y proyectos: las alianzas y las asociaciones público privadas. Las primeras, explicó el dirigente gremial, son acuerdos voluntarios no remunerativos entre instancias gubernamentales y sectores como la academia, la ciencia y el desarrollo tecnológico, el financiero, el productivo, para el cumplimiento de metas consignadas en planes de desarrollo territoriales que tienden a mejorar las condiciones de vida de la población, a la conservación del medio ambiente o a aumentar la competitividad territorial.

Las asociaciones público privadas constituyen un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados; buscan atraer inversionistas de largo plazo con suficiente capacidad financiera que no sólo construyan la infraestructura sino que la operen y la mantengan. Son conocidas como APP y corresponden a la nueva generación de concesiones que pueden ser de iniciativa pública o privada; en ellas existe contraprestación del estado, quien paga por el servicio que presta la infraestructura bajo condiciones estrictas de disponibilidad, oportunidad y calidad, de acuerdo con lo expuesto por Urón Márquez.

Alianzas públicos privadas

Las alianzas público – privadas crecen en los diferentes niveles del territorio, especialmente donde se localizan empresas con consideración en responsabilidad social empresarial como la multinacional Prodeco, que cuenta con una red de colaboradores entre los que cuentan la Cámara de Comercio de Valledupar, la Gobernación del Cesar, los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril.

Por su lado, el Centro Comercial Guatapurí lideró la puesta en marcha de una instancia de concertación público – privada denominada Mesa Interinstitucional del río Guatapurí, donde participan medios de comunicaciones, universidades, fundaciones, empresas privadas de bienes y servicios, cuyo propósito es interactuar con las instancias gubernamentales para animarlas a cumplir con sus obligaciones de control sobre el medio ambiente y sobre el uso adecuado del territorio.

Asociaciones público – privadas

-Aeropuerto Alfonso López de Valledupar: la competencia de estas terminales aéreas está a cargo de la Aerocivil, entidad del orden nacional que concesionó en 2010 el Aeropuerto Alfonso López junto con otras cinco terminales aéreas, justificando unas bajas intervenciones que apuntaban a modernizar el edificio existente en Valledupar y preparándolo de una vez para la demanda operacional del año 2025, para lo cual se tomó como base un estudio de movimiento de pasajeros de principios de la década del 2000, cuando aún Valledupar compartía vuelo con Riohacha por la baja cantidad de viajeros.

-Ruta del Sol, sector III: contratada por la Nación en 2010 con YUMA Concesionaria. Ha tenido innumerables tropiezos que limitan hasta hoy la prestación del servicio de transporte en el departamento del Cesar tanto por la calidad de la infraestructura adelantada como por el recurrente incumplimiento de cronogramas de obra sobre los 226 Km que cubre su obligación contractual en el Cesar.

Con la declaratoria de quiebra en 2015 de la empresa constructora Conalvías, encargada de la evolución física del proyecto, se suspendieron las obras y se acumularon cuentas por pagar a empresas locales y personal de nómina por más de $80.000 millones. Conalvías aún forma parte de los socios de la Concesionaria y no ha tenido sanciones efectivas por parte de los entes de control.

En los primeros meses de 2017 entró Impregilo a asumir la construcción de la vía en reemplazo de Conalvías. Este también socio de la Concesionaria YUMA cesó el pago de contratistas y proveedores a mediados del año sumando $350.000 millones a la deuda ya avanzada de Conalvías sobre los empresarios locales y los prestadores de servicios del departamento.

-Ruta del Sol, sector II: esta obra que se extiende en 190 kilómetros entre los municipios de San Alberto y Curumaní fue contratada por la Nación en 2009 con la Concesionaria Ruta del Sol. El contrato fue liquidado anticipadamente en 2017 debido a procesos de adjudicación irregulares por corrupción administrativa, en la cual la firma brasilera Odebrech es la principal protagonista.

En la liquidación anticipada del contrato también se afectó la construcción de 82 kilómetros del tramo Gamarra – Agua Clara – Rio de Oro, el cual había sido adicionado mediante un otrosí al contrato principal en el año 2014.

-Concesión Cesar – Guajira: fue propuesto a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por la constructora Cóndor y suscrito formalmente en 2015. El proyecto, que en el Cesar se extiende en 291 kilómetros, no requería recursos de la Nación para la construcción de unos tramos viales y la rehabilitación y mantenimiento de obras ya existentes entre San Roque en el centro del Cesar y Cuestecitas en el centro de La Guajira.

“La baja dedicación en la fase de planificación del proyecto por parte de la firma originadora, así como la debilidad institucional de la ANI para revisar los alcances y realizaciones efectivas de concertaciones sociales con grupos de interés que habitan a lo largo del corredor vial derivó en un contrato cuestionado y sometido a presiones políticas que derivó en su liquidación en 2017”, argumentó el director de la Cámara de Comercio de Valledupar.

El Tramo San Roque – La Paz se rehabilitó en 2006 con recursos provenientes de la pignoración de la tasa al ACPM por parte del gobierno departamental.

-Tramo vía nacional Cuatro Vientos – Codazzi: La Nación a través del Invías ha anunciado innumerables ocasiones la asignación de recursos para la intervención de los 65 kilómetros que ocupa la vía Cuatro Vientos – Codazzi, con lo que se daría conexión real a una zona de alta productividad agrícola y pecuaria, pero en la realidad las partidas presupuestales no han existido, por lo que no ha habido cambios sustanciales en el mejoramiento de esa infraestructura.

La transversal, que sirve a un grupo mayor a 85.000 personas localizadas en su área de influencia, atraviesa suelos categoría III, aptos para el desarrollo agrícola y proyectos de ganadería tecnificada. Estos proyectos están localizados sobre las mayores reservas de agua subterránea del Caribe colombiano, que dan soporte y seguridad alimentaria a la tercera ciudad del departamento y que presenta oportunidades adicionales para cultivos de banano para exportación y encadenamientos productivos de alta rentabilidad social y empresarial.

-Eje fluvial rio Magdalena: en 2014 la Nación, a través de Cormagdalena, suscribió un contrato de concesión con la firma Navelena S.A.S. para recuperar la navegabilidad del río Magdalena a lo largo de los 906 kilómetros de canal navegable. Este contrato está en la fase final de liquidación debido a la incidencia directa de la firma brasilera Odebrecht en la adjudicación del mismo.

En el Cesar la navegabilidad de este corredor fluvial es fundamental para el transporte de carga desde Puerto Capulco, sitio estratégico localizado en el municipio de Gamarra que cuenta con transporte carretero, férreo y fluvial. Una vez esté habilitada la circulación de botes cargueros, se consolidará la conexión real entre el sur del Cesar y la vía transversal que llega desde Cúcuta, en el Norte de Santander, donde tendrá salida hacia mercados en Venezuela.