Los 32 gobernadores de Colombia pusieron el grito en el cielo con la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de reformar el Sistema General de Regalías para destinar dineros de regalías al posconflicto y manejarlos desde un OCAD Nacional.

No quieren el OCAD Nacional porque les quitaría poder a la descentralización y se volverá al sistema centralista, donde todo se decide en Bogotá, sin saber muchas veces lo que necesita la gente en los territorios.

Razón tiene el presidente Santos al querer poner en un solo fondo toda la plata para invertirla en el posconflicto de manera planeada y de acuerdo con los compromisos pactados en los acuerdos firmados en La Habana, que parece no conocen en detalle los mandatarios seccionales; pero razón también tienen los gobernadores que no aceptan la política de recentralización que afectaría la autonomía de los departamentos, a los que les quitan los recursos indispensables que son de las regiones y para las regiones.

El posconflicto en Colombia necesita plata y por la vía que sea, desde el nivel nacional, departamental o municipal, deben invertirse recursos suficientes en proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades que viven en los municipios del posconflicto.

¿Quién garantiza que las regalías serán mejor invertidas desde las gobernaciones que desde la Presidencia o viceversa? Esta es apenas una propuesta que pone en discusión nuevamente la adecuada inversión de las regalías que desde hace más de dos décadas se viene dando en el país. Primero fue la distribución a través de la Ley 756 de 2006 y luego desde el 2012 mediante el Sistema General de Regalías. La experiencia no ha sido la mejor porque mucha plata de regalías se ha invertido mal, otra ha ido a parar a los bolsillos de particulares y un porcentaje mínimo ha sido bien invertido.

El departamento del Cesar que en los últimos dos cuatrienios ha recibido más de dos billones de pesos, no ha podido invertir los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, más de 90 mil millones de pesos. Si no existe la capacidad instalada en la región para formular proyectos y ejecutarlos, entonces que los inviertan desde Bogotá, pero que se vea el impacto de las regalías en las comunidades, que lo que finalmente se espera. ¿De qué sirve que se peleen por quién maneja la plata, si al final no llega a satisfacer las necesidades de las poblaciones?

Está bien que los gobernadores sienten posiciones, que expresen su rechazo, que discutan con el presidente Santos la propuesta del gobierno nacional y presenten una contrapropuesta. Lo importante es que en esa discusión prime el interés de la comunidad, no el político por quién maneja la plata y quién saca pecho ante la gente. El posconflicto debe quitarse de encima la capa del clientelismo, de la corrupción y del ‘miti-miti’.