Un predio urbano del municipio de Becerril, Cesar, que pertenecía a la sobrina de la jueza Marilys Hinojosa, asesinada en el 2003 por los paramilitares, fue entregado a través de sentencia gracias al trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras.

Hace más de un año Luz* llegó a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la ilusión de ser reconocida como víctima del conflicto armado, tras ser desplazada de su territorio por el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Esta mujer de 40 años hoy celebra la restitución del predio urbano, ubicado en el barrio Gaitán del municipio de Becerril, de donde salió desplazada tras ser señalada como objetivo militar por parte de la AUC.

Hace trece años el desplazamiento rompió todos los vínculos de esta humilde mujer, a quien le tocó desarraigarse de su realidad y de su entorno. Este rompimiento generó grandes afectaciones emocionales en el seno de su familia, que sufrió por el desplazamiento forzado y el asesinato de uno de sus integrantes.

“Volver a este lugar es un milagro de Dios. Nosotros salimos y pensamos que nunca más regresaríamos ya que fuimos señalados por los que ejercían el mal en esa época”, aseguró la beneficiaria del proceso de restitución.

Luz* señala que le tocó duro para poder preservar su vida y la de los miembros de su familia, con quienes se aventuró a recorrer los departamentos de Tolima y Santander. Forjar un futuro mejor era el objetivo de esta sobreviviente que padeció la violencia, una meta truncada debido a que, en muchas oportunidades, fueron estigmatizados por los paramilitares.

“Me siento alegre de regresar a nuestro hogar. Le doy gracias a la Unidad de Restitución de Tierras por devolvernos todo lo que habíamos perdido”, precisó la solicitante en medio de la entrega.

Luz* solicitó la restitución debido a que su desplazamiento inició tras presentarse el asesinato de su tía Marilys Hinojosa Suárez, quien se desempeñaba para la época como Juez Promiscuo del Municipio de Becerril. Este homicidio se registró en el 2003 por hechos atribuidos al Bloque Norte de las Autodefensas, razón por la cual toda la familia fue declarada objetivo militar por este grupo ilegal.

El Tribunal Superior de Cartagena también concedió declarar la buena fe exenta de culpa a la persona que habitaba en la actualidad el predio restituido, en consecuencia se ordenó la compensación por la suma de 370 millones de pesos.