Sin herramientas jurídicas se encuentra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, para evitar la ejecución de los contratos 065 y el 077, firmados el 24 de junio y el 1 de diciembre de 2015 respectivamente, con las firmas Biotecnología de Colombia y Unión Temporal Aqua de Colombia.

Así lo dio a conocer el asesor de la oficina Jurídica de Emdupar, Nicomedes Vásquez Berrío, en el marco del debate hecho ayer por el Concejo de Valledupar.

El debate hecho por proposición 038 del 12 de noviembre de 2016, propuesto por los concejales Wilber Antonio Hinojosa Borrego y Guido Andrés Castilla González, se extendió más de cuatro horas en las que los representantes de Emdupar, la Alcaldía de Valledupar, de las empresas contratistas y comunidad en general, se atacaron unos a los otros por los polémicos contratos firmados a 30 años para el aprovechamiento de residuos sólidos del relleno sanitario Los Corazones y el tratamiento de las aguas servidas del municipio de Valledupar.

El concejal Wilber Antonio Hinojosa Borrego abrió la discusión cuando dijo que para el contrato 077, la Unión Temporal Aqua estaba cobrando para tratar 700 litros por segundo del agua residual, cuando a la planta de tratamiento El Salguero llegan 1.700.

“La tarifa estipulada por la Unión Temporal Aqua para tratar el litro por segundo de agua servida es de 568 peso con 15 centavos, pero según la resolución 688 de 2013, artículo 43, el cobro debería ser de 462 pesos. También, en el contrato 077 nos preocupa que la intervención que se tenga planeada sea para 12 hectáreas, cuando el total es de 120 hectáreas. Estamos buscando soluciones porque podría generarse un traumatismo, son compromisos no para el beneficio de los contratistas, sino para Emdupar y que se salve el río Cesar”, acotó Hinojosa Borrego.

Luego el gerente de Emdupar, Armando Cuello Daza, destacó que por medio de una consultoría contratada para el estudio técnico y financiero de la empresa, como requisito pedido por la Superintendencia de Servicios Públicos, la junta directiva pidió incluir los contratos en mención y así conseguir un concepto más amplio sobre la viabilidad de ponerlos en marcha.

Cuello Daza invitó entonces al abogado de Emdupar, Nicomedes Vásquez Berrío, para que le indicara al recinto el concepto jurídico sobre los polémicos contratos.

“Se han dado todas las garantías contractuales para que comience la ejecución. En eso no podemos equivocarnos como empresa porque las sanciones son bastantes onerosas (…) Varias cosas hemos encontrado en la formulación del contrato, revisamos que en los contratos 065 y 077 algunos principios de la contratación como planeación y requisitos del manual de contratación existen falencias; son contratos que aparte de la decisión jurídica encierran más un concepto técnico, nosotros nos apegamos a la normatividad para que ellos (contratistas) cumplan con los requisitos de procedibilidad para la ejecución, ese es mi interés”, declaró el asesor jurídico de Emdupar.

Algo que dejó sin palabras al auditorio asistente al Concejo fue el detalle que seguidamente Nicomedes Vásquez dijo y era que Emdupar tiene la única solución de disolver el contrato abocando ante un tribunal arbitral. Así, las cosas, la empresa debería sacar de sus arcas más de 8.000 millones de pesos para iniciar la pelea jurídica.

Concepto diferente al dado por el mismo funcionario el 16 de mayo, cuando en entrevista con EL PILÓN advirtió que la entidad no podía darle vía libre a una contratación “onerosa y perjudicial para la empresa y que además no ha cumplido con los requisitos de ley. Mejor nos abocamos a una pelea jurídica y no que mañana más tarde el gerente y el presidente de la junta sean los sepultureros de una empresa que le pertenece a los vallenatos”.

Finalmente, el abogado dijo que la única opción es la acción popular, que ya en dos ocasiones fue rechazada después del intento del alcalde Augusto Ramírez Uhía con su jefe jurídico, Robert Martínez Murgas, pero que en una tercera ocasión fue interpuesta por un ciudadano y esta fue admitidita por la jurisdicción contenciosa administrativa.

“No mentimos”

El representante legal de las uniones temporales Biotecnología y Aqua, Eduardo Martínez Barrios, indicó que la operación de los contratos arrancó y tienen licencia de construcción para el tema de relleno sanitario, pero deben pedir una licencia ambiental ante Corpocesar porque los predios a intervenir están sobre la denominada Línea Negra de los pueblos indígenas.

“El contratante no nos dijo que eso estaba dentro de la Línea Negra, ahora estamos en la socialización de la consulta previa, hace 15 días los delegados de los pueblos de la Sierra Nevada visitaron el terreno, y este 24 y 25 de noviembre volverán. En la planta de tratamiento iniciamos los estudios y diseños, pero también nos dimos cuenta que necesita consulta previa porque el río Cesar hace parte de la Línea Negra. Mientras tanto no podemos hacer nada porque no incumplimos con la ley”, dijo Martínez Barrios, quien agregó que Emdupar miente cuando le dice a la ciudadanía que la Unión Temporal Aqua no tratará toda el agua residual de Valledupar.

Sobre el tratamiento de solamente 700 litros por segundo en la planta El Salguero, afirmó que la misma Emdupar le había entregado una certificación a Aqua de esa medida, pero ellos entregaron una contrapropuesta a la junta directiva de la empresa de servicios públicos, en la que aseguraban el tratamiento del ciento por ciento de las aguas servidas de Valledupar.

Finalmente y ante los concejales, el vicepresidente de Aqua, Felipe Incer Cobo, encendió el auditorio al decirle “mentiroso” al asesor jurídico de la alcaldía, Robert Martínez Murgas, cuando le preguntó por un contrato de aseo y el funcionario respondió que lo conocía, a lo que Incer Cobo le dijo que esa contratación no existía y por ende, engañaba a los asistentes al recinto.

“Desde el año 2012 no fue Aqua la que vino a buscar contratos a Valledupar, fuimos invitados por la administración para que solucionara la grave crisis en el relleno sanitario (…) Nosotros estamos dispuestos a ampliar la capacidad de la planta, recibiríamos los recursos que ha prometido la gobernación y si quiere Emdupar compra la planta y nosotros nos vamos al año siguiente”, aseguró Incer Cobo.

El contrato con la Unión Temporal Biotecnologías de Colombia 2015 tiene un valor de $156.000 millones, con un valor de utilidad prevista en $451.000 millones, para la implementación de tecnologías para el aprovechamiento de los residuos sólidos; con un plazo de ejecución de 30 años. De igual manera, el contrato con la Unión Temporal Aqua de Colombia 2015, por valor de $49.700 millones y una utilidad prevista a los $66.225, para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la laguna El salguero, también por 30 años.

Los contratos 065 y 077 recibieron acta de inicio, pero actualmente están suspendidos porque la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, debe entregar un permiso ambiental para que puedan ser ejecutados.

“Se han dado todas las garantías contractuales para que comience la ejecución. En eso no podemos equivocarnos como empresa porque las sanciones son bastantes onerosas”: Nicomedes Vásquez Berrío.

Por Carlos Mario Jiménez
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