Mediante auto fechado el pasado 8 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar por una presunta superación a los límites de gastos que se habrían dado en la campaña de la elegida alcaldesa del municipio de La Jagua de Ibirico, Yarcelis Rangel Restrepo.

La solicitud de investigación fue interpuesta ante el órgano electoral por el ciudadano Saúl Villar, el pasado 17 de febrero y en la queja presentada se refiere a presuntos gastos que superan los topes admitidos por la ley colombiana que, en el caso de municipios como La Jagua de Ibirico, cuya población se estima inferior a los 25.000 habitantes, no debe superar los 94 millones 690 mil 384 pesos.

Entre los fundamentos de la queja está que la actual alcaldesa Yarcely Rangel mandó a reproducir 14 jingles de su campaña y a prensar más de 500 CD y tales gastos no fueron reportados al CNE. También señala que la inversión que debió realizar la entonces candidata en una oficina rodante que fue instalada sobre un camión tampoco fue reportado.

De igual forma, gastos en el alquiler de 200 vehículos para publicidad exterior y en la entrega de materiales de construcción y de transformadores en los diferentes barrios del municipio.

Según la queja, el hecho de que Rangel Restrepo no haya reportado los mencionados gastos en el libro de inversiones de la campaña, que debe ser presentado ante el CNE, constituye una falta a la verdad y pretender ocultar gastos la haría incurrir en una violación al tope ordenado por el organismo electoral, al que finalmente habría reportado gastos totales por valor de 78 millones de pesos.

En consecuencia, el CNE ordenó abrir la indagación preliminar dentro del expediente 1153 de 2016 y al Fondo Nacional de Financiación Política para que realice la auditoría de la cuenta de campaña de la entonces candidata a la Alcaldía de La Jagua de Ibirico y se rinda un informe al respecto.

Así mismo, ofició a las sociedades Mundo Creativo y Publimax rindan soporte sobre los servicios prestados a la campaña de Rangel Restrepo, a quien además solicitó suministrar los datos de contacto de la señora Norma Daza Ortiz, que figura en uno de los formularios del proceso como “propaganda electoral”.

Según el quejoso, dentro del informe financiero presentado por la campaña de la entonces candidata no figuraron cuantiosos gastos hechos en publicidad.

Por Jennifer Del Río Coronell
[email protected]