Tras varios años de investigación, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento presentó ayer el informe que recoge la historia de los desplazados de la vereda El Toco, en zona rural del municipio de San Diego, el cual fue realizado con el apoyo de la organización holandesa Pax y de la Asociación de Parceleros (Asocomparto).

En el documento describen los procesos de desplazamiento y despojo que sufrió esta comunidad en la década de los 90 y los retos a los que se han enfrentado durante los procesos de restitución de tierras que adelantan desde el año 2011.

“En este informe quisimos recoger el sentido comunitario de construcción de territorio que tuvieron los integrantes de la asociación, desde el momento que ingresaron al predio. Damos cuenta de cómo este desplazamiento por el conflicto creó rupturas muy fuertes en el tejido social y cómo el proceso de restitución, de la manera que se viene realizando no ha reconocido ese sentido colectivo que tenían como comunidad, y al asumirlo solo como individuos y al establecer procesos de restitución ‘gota a gota’, y como individuos que no hacen parte de una comunidad, no terminan respondiendo a las expectativas que se tienen por parte de los campesinos”, expresó Marcos Oyaga Moncada, coordinador de la Consultoría.

Por su parte, Máximo Ávila, vicepresidente de Asocomparto aseguró que son 80 familias las que habitaban en esta vereda y que hoy piden que el proceso de restitución de tierras se haga de manera colectiva, porque todos salieron en las mismas circunstancias.

“Nosotros fuimos una comunidad organizada, que vivíamos con comodidad y a raíz de los hechos violentos todos salimos en las mismas condiciones, pero con el proceso de restitución están dejando a unas personas en las tierras, mientras que a otros los compensan en otros departamentos”, acotó el líder campesino.

La inconformidad

De acuerdo con el informe esto repercute en que la gente sienta que sus derechos no están siendo reparados y que permanezca una sensación alta de inconformidad.

“Uno de los elementos fundamentales que encontramos  es que pese a que este es un caso de tal magnitud, con masacres y violaciones de derechos humanos flagrantes, no se le dio el tratamiento jurídico que debía tener, existieron muchas irregularidades dentro del proceso. Nosotros empezamos a evidenciar que lo que se estaba haciendo era contrario a lo que dicta la ley; pero pese a los llamados de atención de la comunidad, no había mucho eco”, explicó Erika Botero, del equipo investigador del proyecto.

Con la publicación de este documento, los investigadores quieren contarle al país lo que está sucediendo con El Toco, y a través de esto proponer una ruta jurídica, política y de incidencia para lograr que estos campesinos por fin tengan el goce efectivo de sus derechos que han sido vulnerados durante este tiempo.

Anteriormente la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar se ha referido al caso, asegurando que cuando volvieron a El Toco se hallaron con que ya había allí otra familia desplazada de otro sector del Cesar, a la que el Tribunal de Cartagena ordenó mantener en el mismo sitio y compensar con otro predio a la familia que fue desplazada de allí. En consecuencia, la familia de El Toco que debía reubicarse en este predio, fue compensada en la finca La Argentina, en zona rural de Aguachica.

Los campesinos de El Toco fueron despojados de sus tierras y desplazados de manera forzosa por la violencia ejercida por los paramilitares a mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge40’, que comenzaron en abril de 1997 y se extendieron hasta el 2000 con asesinatos selectivos, masivos y amenazas.

Andreina Bandera / EL PILÓN

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