Lo que ocurrió en Aguachica con el suministro de alimentación escolar a los niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús es apenas la punta del iceberg. Alimentos en mal estado, raciones por debajo de la medida, condiciones antihigiénicas a la hora de preparar y entregar la comida, entre otros, no son situaciones nuevas. Eso sucede […]
Lo que ocurrió en Aguachica con el suministro de alimentación escolar a los niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús es apenas la punta del iceberg. Alimentos en mal estado, raciones por debajo de la medida, condiciones antihigiénicas a la hora de preparar y entregar la comida, entre otros, no son situaciones nuevas. Eso sucede hace años, especialmente en los municipios donde los alcaldes eran libres para contratar al operador que querían y poner las interventorías amañadas.
La captura del alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, de tres de sus secretarios, así como de la contratista y un proveedor, sorprendió ayer y causó conmoción porque muchos creen que ya se acabó el problema. Por el contrario, ahora es cuando se requiere a una justicia más activa, a unos organismos de control más atentos y una ciudadanía más comprometida.
Lo que hizo la profesora Claribeth Rodríguez es lo que deberían hacer los ciudadanos de bien, que quieren el bienestar de la gente y especialmente de los niños. ¿De qué se asombran? ¿De la captura de seis personas? El contrato de que la Alcaldía de Aguachica le adjudicó la Fundación Provenir es de 500 millones, una suma baja frente a los sí millonarios contratos de la administración departamental, por más de 17 mil millones, o de la capital del Cesar, por 12 mil millones. Poco o mucho dinero, es igual el recurso con el que deben alimentar a los niños que no tienen en sus casas las condiciones para comer bien.
Lo que debe asombrar hoy es que haya pasado tanto tiempo y el tema de la alimentación escolar apenas se esté destapando. Esa olla estaba podrida hace tiempo, cuando las comunidades denunciaban con gritos que se ahogaban entre papeles y nada pasaba. Lo que debe asombrar hoy es que todavía no se ha acabado el carrusel de la contratación de la alimentación escolar no solo en el Cesar o en La Guajira, sino en todo el país. Este es un mal que afecta a todo el territorio colombiano.
La denuncia que hizo en el mes de febrero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, sobre las presiones que recibía del congresista del Polo, Alexander López, para que le adjudicara un contrato de alimentación escolar a una fundación de un amigo suyo en Cali, es la prueba de lo que pasa en Colombia.
Así se maneja todo, por componendas y por intereses políticos. Por ahí se comienza a desenredar la pita. ¿Cómo será en el Cesar?
Lo que ocurrió en Aguachica con el suministro de alimentación escolar a los niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús es apenas la punta del iceberg. Alimentos en mal estado, raciones por debajo de la medida, condiciones antihigiénicas a la hora de preparar y entregar la comida, entre otros, no son situaciones nuevas. Eso sucede […]
Lo que ocurrió en Aguachica con el suministro de alimentación escolar a los niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús es apenas la punta del iceberg. Alimentos en mal estado, raciones por debajo de la medida, condiciones antihigiénicas a la hora de preparar y entregar la comida, entre otros, no son situaciones nuevas. Eso sucede hace años, especialmente en los municipios donde los alcaldes eran libres para contratar al operador que querían y poner las interventorías amañadas.
La captura del alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, de tres de sus secretarios, así como de la contratista y un proveedor, sorprendió ayer y causó conmoción porque muchos creen que ya se acabó el problema. Por el contrario, ahora es cuando se requiere a una justicia más activa, a unos organismos de control más atentos y una ciudadanía más comprometida.
Lo que hizo la profesora Claribeth Rodríguez es lo que deberían hacer los ciudadanos de bien, que quieren el bienestar de la gente y especialmente de los niños. ¿De qué se asombran? ¿De la captura de seis personas? El contrato de que la Alcaldía de Aguachica le adjudicó la Fundación Provenir es de 500 millones, una suma baja frente a los sí millonarios contratos de la administración departamental, por más de 17 mil millones, o de la capital del Cesar, por 12 mil millones. Poco o mucho dinero, es igual el recurso con el que deben alimentar a los niños que no tienen en sus casas las condiciones para comer bien.
Lo que debe asombrar hoy es que haya pasado tanto tiempo y el tema de la alimentación escolar apenas se esté destapando. Esa olla estaba podrida hace tiempo, cuando las comunidades denunciaban con gritos que se ahogaban entre papeles y nada pasaba. Lo que debe asombrar hoy es que todavía no se ha acabado el carrusel de la contratación de la alimentación escolar no solo en el Cesar o en La Guajira, sino en todo el país. Este es un mal que afecta a todo el territorio colombiano.
La denuncia que hizo en el mes de febrero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, sobre las presiones que recibía del congresista del Polo, Alexander López, para que le adjudicara un contrato de alimentación escolar a una fundación de un amigo suyo en Cali, es la prueba de lo que pasa en Colombia.
Así se maneja todo, por componendas y por intereses políticos. Por ahí se comienza a desenredar la pita. ¿Cómo será en el Cesar?