Una comisión liderada por el magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar, José Antonio Aponte Olivella, inspeccionó la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, para revisar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T282/2014, que obliga al mejoramiento de las instalaciones y acabar con los maltratos a los internos.

La comisión que visitó ayer la cárcel conocida como ‘La Tramacúa’, estuvo conformada por miembros de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia, de la Dirección del Inpec, de la Procuraduría y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quienes revisaron las mejoras y analizar si es viable la orden de la Corte de desocupar dentro de seis meses los nueve pabellones y que ningún recluso pueda regresar hasta que la cárcel sea habitable.

“En las instalaciones del Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial a cargo del Tribunal Administrativo del Cesar (…) En la misma se presentó avance de cada uno de los puntos, los mismos serán soportados y entregados con un plazo de ocho días, otorgado por el Tribunal Administrativo del Cesar”, informó el director del Inpec, brigadier General José Luis Ramírez, a través de un comunicado.

Uno de los problemas más graves de la Penitenciaria es el suministro de agua a algunas torres, en las que los reclusos deben ingeniárselas con peligrosas maniobras, escalando rejas con baldes, para surtirse del preciado líquido.

La sentencia T282/2014, respondía a la tutela interpuesta en 2011 por un grupo de reclusos, que consideraba que se le estaban violando por lo menos seis derechos fundamentales. El primero, es el suministro de agua. Otro es el problema hidráulico de manera definitiva: el agua no llega con presión. La directora general encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Claudia Gelvez, dijo al diario El Espectador que “la Tramacúa tiene problemas con el sistema hídrico desde su construcción misma”.

Para solucionarlos, se han construido tres tanques de almacenamiento de agua (de 1.000, 100 y 400 centímetros cúbicos), todos insuficientes, según Claudia Gelvez. Por eso, la Uspec ha firmado dos contratos para mejorar al menos seis pabellones. Espera firmar uno este año, por dos mil millones, para reparar los tres restantes. Solo el primer contrato -que mejoraría la red hidráulica en los pabellones 6, 2 y 9-, firmado en 2014 con el Fondo de Desarrollo de Cundinamarca, ha sido puesto en marcha: en diciembre terminaron las obras en la torre 6 y comenzaron las de la 2. Mejoras en “el rancho”, donde se preparan los alimentos, también han sido implementadas, dice Gelvez. Solo un informe de la Secretaría de Salud de Valledupar, que inspeccionó el lugar a finales del año pasado, dirá si estas han sido efectivas.

Otra de las denuncias de los internos está relacionada con la prestación de los servicios de salud, porque tienen órdenes pendientes de operaciones y valoraciones por enfermedad relacionadas con las condiciones de salubridad del penal.

Los tratos inhumanos también hacen parte de las denuncias que con apoyo de la Defensoría del Pueblo están a cargo de la Procuraduría.

Al cierre de esta edición, los miembros de la comisión técnica que inspeccionaron ‘La Tramacúa’ no habían culminado la diligencia que será decisiva para el futuro de la prisión que cuenta con 1.448 reclusos.

“Se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial a cargo del Tribunal Administrativo del Cesar (…) En la misma se presentó avance de cada uno de los puntos, los mismos serán soportados y entregados con un plazo de ocho días”: Inpec.