El pasado martes panfletos alusivos a las Farc fueron distribuidos por tres hombres armados en el corregimiento de La Mina, ubicado en la zona de resguardo kankuamo en el norte de Valledupar.

El viernes, luego de cuarenta minutos por carretera y placa-huella en los últimos kilómetros, llegué al pueblo para conocer la posición de la comunidad frente a este hecho y porque como lo dijeron varias emisoras de la ciudad ninguno de sus habitantes se atrevía a denunciar públicamente lo ocurrido. En el ambiente se percibió el miedo, calles fijas para quienes como yo son desconocidos.

Eran las 10 de la mañana, cuando llegué ‘La tienda del charco’, como es conocido el pequeño almacén de víveres ubicado en la calle principal del corregimiento de La Mina, a 40 minutos del norte de Valledupar. Allí vi a un forastero que pasaría desapercibido como cualquier campesino de la zona, de no ser por sus botas negras militares.

A mí y a más de uno le despertó sospechas la presencia del corpulento hombre, más aún cuando tres días atrás tres sujetos con una vestimenta similar llegaron al mismo negocio y repartieron volantes alusivos a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc. Documentos en los que invitan a los jóvenes de este resguardo indígena de la etnia Kankuama, en estribaciones de la Sierra Nevada, a integrarse a las filas guerrilleras.

Mientras esperaba mi turno para comprar un refresco, el forastero compró carne, plátanos y otros víveres como para alimentar a varias personas, inclusive le encargó para el día siguiente algunos productos que el tendero no tenía en el momento.

Entre murmullos de los kankuamos, un morador del pueblo con el que ya había cruzado varias palabras y sabía que yo era periodista me dijo que no había que preocuparse, porque el extraño cliente de la tienda, aunque no tenía camuflado, era uno de los militares que el día anterior había llegado como parte de las tropas que designó el Ejército para reforzar la seguridad.

Aseguró el incauto informante que la presencia del Ejército tranquilizó a unos, pero a otros los preocupó más al saber que con la presencia de dos grupos en conflicto pueden presentarse enfrentamientos como ocurría hace más de una década cuando los kankuamos quedaron en medio de la guerra entre milicianos del frente 59 las Farc, paracos del frente Mártires del Cesar y la fuerza pública.

“Desde hace tiempo que no veíamos Ejército por acá, solo llegan esporádicamente”, relató el kankuamo que como otros, por temor, solicitó reserva de su identidad para esta publicación.

Agregó otro nativo que no se pueden desestimar los panfletos porque son campaña de reclutamiento de los guerrilleros que podrían estar buscando robustecer sus filas con miras a la refrendación de los acuerdos de paz en La Habana.

Finalmente compré el refresco y junto al reportero gráfico seguí recorriendo el pueblo. Me llamó la atención un hombre de entre unos 30 y 40 años que pintaba la fachada de su casa y resultó ser uno de los 15 docentes del Instituto Agrícola de La Mina, que brinda educación académica y asignaturas propias ancestrales a 235 estudiantes. Él también manifestó su preocupación porque con los ofrecimientos contenidos en los panfletos se pone en riesgo la permanencia de los jóvenes en el sistema escolar.

“No estaba en el pueblo en el momento que repartieron los panfletos, pero ojalá que esto no pase a mayores porque históricamente la deserción escolar ha sido muy poca, los jóvenes han optado por estudiar y queremos seguir así”, explicó el educador que también solicitó reserva de su identidad.

Consultando a otros moradores la queja frecuente en el tema de seguridad es la poca presencia de las autoridades, porque no tienen puesto de Policía ni de Ejército y al preguntar por el inspector rural de policía, Elvis Ramírez, me dijeron que lo conseguía en Patillal porque le está haciendo vacaciones al inspector de ese corregimiento; en las mañanas está allá y en la tarde regresa a cumplir sus funciones en La Mina, en ese ir y venir estará hasta el próximo 6 de enero que retorna el titular.

En los siete barrios de este pueblo de unos 1.300 habitantes, el temor se cierne sobre el turismo, nadie quiere que se pierda el auge que la zona ha tomado tras dejar en el pasado la confrontación de las guerrillas con paramilitares y la desmovilización de estos últimos.

Las visitas al río, venta de bebidas y comidas se integraron a las actividades agrícolas a pequeña escala de los indígenas que mueven un considerable porcentaje de la economía del pueblo indígena conformado por siete barrios: La Esperanza, Doce de Octubre, El Carmen, Las Delicias, Ocho de Diciembre, La Candelaria y El Centro.

La Mina pasó de ser un corredor de grupos armados en la Sierra Nevada, que conecta por una zona montañosa al norte de Cesar y el sur de La Guajira, a un corredor turístico con exuberantes paisajes que lo convierten en un paraíso terrenal adornado con gigantescas piedras esculpidas por las corrientes de aguas cristalinas que durante siglos han descendido presurosas de la sierra, haciendo de sus balnearios sitios únicos, muy apetecidos por turistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, por encontrarse en la Sierra Nevada los resguardos indígenas no han dejado de estar amenazados por la presencia de grupos armados ilegales. En septiembre de 2014, la Defensoría del Pueblo activó las alertas tempranas en el Cesar relacionadas con el reagrupamiento de grupos armados en los corregimientos de Río Seco, Azúcar Buena y La Mesa.

Omar Contreras Socarrás, Defensor del Pueblo en este departamento, advirtió a las autoridades locales y pidió medidas urgentes para evitar que esa zona afectada en el pasado por el conflicto armado, vuelva a ser azotada por la violencia.

“La Defensoría del Pueblo desde su analista de alertas tempranas no entra en especulaciones cuando de violación de Derechos Humanos se trata, viene haciéndose un seguimiento a la información que hemos venido obteniendo por parte de los lugareños de La Mesa”, precisó el funcionario en ese entonces.

Respuesta institucional
Ni el Ejército ni la Policía han confirmado la autenticidad de los documentos alusivos a las Farc distribuidos en La Mina, pero ambas instituciones anunciaron que reforzarán la seguridad en la zona.

“Estamos haciendo la coordinación con el Ejército para tener una presencia permanente en ese sector, pero hay que tener en cuenta que hay grupos de delincuencia común que se hacen llamar grupos terroristas reconocidos para sus pretensiones delincuenciales”, manifestó el comandante de la Policía Cesar, coronel Faiber Martínez.

Que no se repita la historia
Según las cifras presentadas por los indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el 2001 y julio de 2004, fueron asesinados 102 kankuamos en Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Pontón, Las Flores, El Mojao, Los Haticos, Rancho de La Goya, Ramalito, Río Seco, Murillo y La Mina; pero esta última población vivió una de las noches más sangrientas de la historia del conflicto en la zona rural de Valledupar, el 13 de noviembre de 2000.

Ese día en plena celebración de las fiestas de ‘San Martin de Loba’, un grupo de hombres dotados con armas de largo y corto alcance uniformados con distintivos de las AUC, irrumpieron en La Mina y secuestraron a un habitante identificado como Guillermo Bolaños.

Horas más tarde, ya en la madrugada del 14 de noviembre, los mismos paramilitares al mando de Leonardo Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’, lugarteniente del comandante ‘Jorge 40’, fueron casa por casa y sacaron a los indígenas Héctor Arias Cáceres, Rubén Antonio Díaz Cáceres, Manuel de los Reyes Palma Brochero y Eudes Antonio Rodríguez Lúquez, quienes fueron asesinados con tiros de gracia.

Luego integrantes del mismo grupo armado hicieron un retén ilegal o ‘pesca milagrosa’ en la vía que comunica  a La Mina con Atánquez, retuvieron varios vehículos. Allí bajaron a los ocupantes y una mujer que servía de guía a los ‘paras’ señaló a Luis Gregorio Arias Arias y a Luis Segundo Torres Pacheco como presuntos auxiliadores de la guerrilla por lo que fueron acribillados ante la mirada atónita de los otros viajeros.

Seis días después la arremetida fue por parte de la guerrilla, ocho guerrilleros del frente 59 de las Farc llegaron al pueblo y al igual que sus archirrivales, con lista en mano llegaron al sitio donde un grupo de personas jugaba dominó y con cédula en mano identificaron a uno de ellos como Sixto Rafael Rodríguez, a quien asesinaron mientras que a los demás los dejaron ir.

Aunque por estas muertes se hizo justicia al ser condenados comandantes paramilitares y de la guerrilla, una década y media después los kankuamos lo único que piden es que estos crímenes no vuelvan a ocurrir, que no vuelva la violencia en la que algunos miembros de esta etnia también tomaron parte al ingresar a las filas de los grupos armados.

“Después de cinco años de expedida la Ley 1448, en el caso de los pueblos indígenas el Decreto 4636 de 2011, en las medidas de reparación colectiva no se ha avanzado significativamente en el proceso. Nos encontramos en el proceso de acercamiento con la unidad de víctimas y esperamos el próximo año concretar el plan integral de reparación colectiva para el pueblo kankuamo”, contó Jaime Arias Arias, cabildo gobernador kankuamo durante los últimos 18 años.

“Ojalá que esto no pase a mayores porque históricamente la deserción escolar ha sido muy poca, los jóvenes han optado por estudiar y queremos seguir así”: docente kankuamo.

La Mina pasó de ser un corredor de grupos armados en la Sierra Nevada, que conecta por una zona montañosa al norte de Cesar y el sur de La Guajira, a un corredor turístico con exuberantes paisajes que lo convierten en un paraíso terrenal.

Por Martín Elías Mendoza