Hace cuatro meses que Venezuela decidió cerrar la frontera, situación que le ha devuelto la calma a diferentes sectores, en particular a las estaciones de servicio legales de los municipios del Cesar, donde según las cuentas del Gobierno Nacional entraban al departamento de manera ilegal 10 millones de galones de combustible.

Wilson Rincón Álvarez, alcalde de La Paz, uno de los municipios que históricamente ha servido de escenario para expender altas cantidades de combustible ilícito, hoy luego de varios meses del cierre de la frontera develó que se ha tenido una localidad mucho más calmada y en mejores condiciones.

Se venían presentando muchas dificultades en el pasado por el expendio ilegal de gasolina, causando entre otras cosas impactos sociales, al medio ambiente, a la economía misma y a toda la comunidad, detalló el Alcalde.

Según el mandatario de los pacíficos, adelantaron algunas gestiones ante el Gobierno Nacional para darle a los ‘pimpineros’ una posibilidad diferente de generación de ingresos; en consecuencia lograron el programa de reconversión socio-laboral que se ejecuta con recursos emanados del Ministerio de Minas y Energía.

En la actualidad, el programa de acuerdo con las especificaciones del alcalde de La Paz, ha rescatado a la vida formal a más de 300 personas que se dedican a realizar actividades mucho más amables con el medio ambiente, “generan ese valor de cadena que se quiere y pretende, con estas microempresas que se están creando a partir del proceso de reconversión en el municipio de La Paz”, aseveró.

De las más de dos mil personas que despachaban combustible de manera ilegal en dicho municipio, unas 475 en 2015, según Rincones, están dentro del programa y reciben capacitaciones por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena y reciben recursos de capital semilla y de crédito a través de un fondo rotatorio administrado por la Secretaría de Hacienda Municipal que alcanza los 4.500.000 pesos.

Finalmente el Mandatario municipal estableció que más del 40 % de la población dedicada a este negocio no es del municipio de La Paz, “lo que hemos observado es que ha emigrado y ha quedado una población del 60 % que sí es del municipio y hoy buscan otras oportunidades laborales”, agregó.

Algunos están en el tema de la agricultura, otros están en el proceso de reconversión socio-laboral, otros están en el proceso de la recolección del café en la Serranía de Perijá y algunas desocupadas.

Sin embargo, y pese a las bondades que contemplan el proyecto que pretende devolverle otras oportunidades a la comunidad pacífica, varios factores estarían empañando dicho proceso, pues según han manifestado varios habitantes del municipio que hace parte del Área Metropolitana un alto porcentaje de las personas que participan del proceso de reconversión estarían recibiendo los dineros del capital semilla y de alguna manera se las ingenian para continuar con la venta del combustible ilegal.
Letty Polo Thomas
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