El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar revivió la polémica construcción de un cerramiento en el callejón conocido como ‘Concha Moreno’ ubicado en la carrera 8 entre calles 14 y 15, en pleno centro histórico de Valledupar, al ordenar a la Alcaldía estudiar la posibilidad de demoler la obra que estaría afectando este patio comunal.

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El terreno donde se adelantó la obra de cerramiento es propiedad de Astrit Romero Guerrero, luego de haberlo comprado a terceros que lo adquirieron por intermedio del Municipio. Sin embargo y pese a que según comenta el curador número 2, Iván Zuleta Fuentes, existen todos los documentos que soportan la legalidad del predio, algunos se quejan por la licencia de construcción en modalidad de cerramiento que otorgó.

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En consecuencia y sin dejar de lado los múltiples traspiés que bordean este caso; hay una disputa en los estrados judiciales con más de tres tutelas y quejas ante las autoridades competentes. El fallo judicial más reciente fue emitido por el Juzgado Cuarto Penal de Valledupar que revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, de fecha 09 de octubre de 2015, dentro de la acción de tutela interpuesta por Andrés Martínez Rojas en representación de Nubis Rojas y Judith Rojas contra la Curaduría Urbana número dos de Valledupar, Alcaldía Municipal de Valledupar, Oficina Asesora de Planeación Municipal y la señora Astrit Johanna Romero.

De igual forma, el fallo ordena a la Curaduría Urbana número 2 que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo deje sin efectos la resolución número 20001-2-14-0210 del 15 de agosto de 2014 por la cual se concedió licencia de construcción en la modalidad de cerramiento a favor de la señora Astrit Johana Romero Guerrero, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la decisión.

También ordena a la Alcaldía de Valledupar – Oficina Asesora de Planeación Municipal que en el término de 30 días contados a partir de la notificación de este fallo, (24 noviembre de 2015) realice una inspección al predio ubicado en la carrera 8, número 14 – 74 y estudie la posibilidad de demoler la construcción que realizó su propietaria sobre dicho predio, en razón a la irregularidad del trámite de acuerdo con lo expuesto.

Además de compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación contra el curador urbano número dos de Valledupar, Iván Zuleta Fuentes, por presuntamente haber incurrido en la comisión del delito de prevaricato por omisión.

“No anularé licencia”: Curador

Al respecto el curador número 2, Iván Zuleta Fuentes, dijo que no anulará la licencia, incluso que lo tendrán que meter preso, pero que se investigue a fondo esta situación “porque otorgué una licencia dentro de todo el marco legal”.

En relación a si está incurso en un prevaricato por omisión, Zuleta Fuentes sostuvo que si se hace una construcción y no se tiene el letrero no es problema de la Curaduría, quien debe conservar el aviso debe ser el propietario y el control posterior de licencia lo hace Planeación.

“Nosotros tenemos la certeza de que no hemos fallado en ninguno de los pasos a seguir para conseguir una licencia, sin embargo ya presentamos una tutela porque no se están teniendo en cuenta las normas establecidas con las cuales nos regulan nuestra actividad desde el punto de vista administrativo”, precisó.

Recalcó que la propietaria de dicho lote tiene el derecho adquirido a través de una licencia y no se le puede tumbar como se pretende, señaló además que tiene la sensación clara de que no se estudió a fondo la situación que se está discutiendo, pues no entiende por qué tres juzgados niegan las tutelas y uno la acepta, dejando de lado las impugnaciones hechas.

En su momento el secretario de Planeación Municipal, Raúl Villegas, manifestó que el predio fue enajenado por el alcalde municipal de 1980, autorizado por el Concejo Municipal y por lo tanto existe un acto administrativo en firme que ampara con escritura al poseedor, quien tiene en últimas todo el derecho de ir a la Curaduría y sacar una licencia de construcción para ese predio en particular.

Aclaró que no toda propiedad del municipio es espacio público, y por lo tanto existen predios que el municipio puede enajenar con previa autorización del Concejo Municipal.

Es un bien colectivo
En consecuencia, Andrés Felipe Martínez, abogado de las accionantes Nubys Elisa Rojas y Judith Rojas indicó que de no cumplirse con lo decretado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar entrará a hacer una denuncia penal, o incidente de desacato para que se cumpla la orden de declarar la nulidad del acto administrativo.

“El juzgado protege los derechos a las accionantes ya está notificado donde le ordenan a la curaduría que decrete la nulidad y no ha hecho nada, eso tumba todos los efectos y Planeación para que entre a realizar la inspección del predio”, precisó Martínez.

Por su parte, Dickson Quiroz, propietario de uno de los edificios con injerencia en el patio comunal, afirmó que ese lugar es un centro de manzana que tiene más de 200 años de uso comunal e históricamente ha sido área pública que está al servicio de los habitantes, por ello el municipio no podía vender, debido que hacen parte de la red de callejones del viejo Valledupar.

“No obstante, un alcalde de manera arbitraria lo vendió a un particular sin tener consideración de su condición de bien colectivo, seguramente la que construyó ahora está amparada en una venta legal, pero a juicio del mismo juzgado no existe ningún análisis porque es un bien público”, explicó Quiroz.

El predio y su historia
En el marco de la alcaldía de Rodolfo Campo Soto, en 1990, se realizó un reconocimiento sobre todos los espacios públicos y privados que están ubicados en el centro histórico de Valledupar que dejó como saldo el proyecto ´Plan Centro´, que se construyó en alrededor ocho meses con la participación de un grupo interdisciplinario y además tuvo en cuenta a todos los ciudadanos que quisieron participar en el diseño del mismo. Todo ello originó que Valledupar avanzará frente al tema de Ordenamiento Territorial; se sembrarán los árboles en las principales calles y avenidas de la ciudad; se construyeran los andenes y se pavimentarán calles principales como la cuarta.

Además, el Plan Centro contempló dentro de su ejecución la conservación y restauración del Centro Histórico, del cual hacen parte los centros de manzanas comunitarias o patios comunales. Todas estas decisiones se plasmaron en el acuerdo municipal No. 017 de 1992, donde se establecen todas las normas.

La historia de la capital cesarense confirma la existencia de estos patios comunales desde su fundación hace 465 años, que siempre se han identificado por su carácter pastoril como en el caso del callejón ‘Concha Moreno’ que hoy es epicentro de un litigio jurídico.

“De no cumplirse con lo decretado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito entraremos a hacer una denuncia penal, o incidente de desacato para que cumplan la orden de declarar la nulidad del acto administrativo”: Andrés Felipe Martínez, abogado.

Letty Polo Thomas
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