La Crítica situación financiera y operacional de Caprecom obliga al gobierno a tomar medidas de fondo, indicó la Contraloría.
La Contraloría General lanzó ayer un llamado de alerta acerca de la situación financiera, operacional, presupuestal y contable de la Caja de Previsión Social, Caprecom al considerar que ha llegado a un punto crítico que pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad y hace necesario que el Gobierno Nacional tome decisiones de fondo para proteger la adecuada prestación de los servicios de salud de sus más de 3,5 millones de afiliados a nivel nacional.
En el departamento del Cesar, existen aproximadamente 65 mil usuarios y en Valledupar 29.500, los cuales estarían en peligro de quedar sin prestación de salud.
La Contraloría indicó que estas decisiones tienen que ser estructurales y no de coyuntura o paliativas, puesto que también es necesario preservar la adecuada gestión fiscal sobre los cuantiosos recursos que han sido puestos a disposición de la administración de Caprecom, con el único fin de atender su labor misional.
A pesar de la situación que presenta esta entidad, en el departamento del Cesar el servicio de salud se está prestando con normalidad, no existe alteración en el proceso de atención a los usuarios, así lo afirmó el Gerente de Caprecom en el Cesar, Armando Almeira, quien agregó que en cuanto al pronunciamiento de la Contraloría, no puede dar declaraciones debido a que esto depende del nivel central.
La Contraloría también hizo un llamado por el impacto que tiene sobre prestadores y demás actores del sistema la elevada morosidad de sus cuentas por pagar.
El organismo de control declaró estar atento a las determinaciones que el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, tome acerca de Caprecom, además estará vigilante de una eventual afectación del patrimonio público.
En este momento, la CGR hace presencia en Caprecom adelantando la auditoría correspondiente a la vigencia 2014, en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2015.
Insuficiencias de Caprecom
Durante casi cinco años consecutivos, desde diciembre de 2010 a septiembre de 2014, la Contraloría ha evaluado en su ejercicio auditor el comportamiento operacional y la situación financiera de Caprecom, evidenciando el deterioro de los márgenes operacionales y se encontró que los resultados son negativos hasta septiembre de 2014.
La Contraloría General de la Nación hizo seguimiento a una Función de Advertencia e indicó: “las medidas adoptadas no permiten visualizar su efecto, ni se reflejan plenamente en los estados financieros, por lo menos al cierre del 2013, lo que hace terminante una tarea a fondo de conciliación y depuración que permita conocer la realidad económica y financiera de la entidad y de sus estados contables”.
A lo anterior se suman deficiencias en la programación, planeación, desagregación y ejecución del presupuesto, lo cual refleja falta de coherencia en la asignación de recursos, que no son estimados desde el inicio, ni obedecen a un ejercicio debidamente organizado, sino que se van ajustando en el transcurso de la vigencia, lo que origina consecuencias negativas en el incumplimiento de los objetivos.
Los informes de supervisión no contienen una evaluación juiciosa de los aspectos técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de cada contrato, tal como lo exige la Ley 1474 de 2011, tampoco se evidencia seguimiento a la oportunidad y disponibilidad en la prestación de los servicios contratados, ni control presupuestal sobre cantidades y valores.
Katherine Villazón/EL PILÓN
[email protected]
La Crítica situación financiera y operacional de Caprecom obliga al gobierno a tomar medidas de fondo, indicó la Contraloría.
La Contraloría General lanzó ayer un llamado de alerta acerca de la situación financiera, operacional, presupuestal y contable de la Caja de Previsión Social, Caprecom al considerar que ha llegado a un punto crítico que pone en riesgo la sostenibilidad de la entidad y hace necesario que el Gobierno Nacional tome decisiones de fondo para proteger la adecuada prestación de los servicios de salud de sus más de 3,5 millones de afiliados a nivel nacional.
En el departamento del Cesar, existen aproximadamente 65 mil usuarios y en Valledupar 29.500, los cuales estarían en peligro de quedar sin prestación de salud.
La Contraloría indicó que estas decisiones tienen que ser estructurales y no de coyuntura o paliativas, puesto que también es necesario preservar la adecuada gestión fiscal sobre los cuantiosos recursos que han sido puestos a disposición de la administración de Caprecom, con el único fin de atender su labor misional.
A pesar de la situación que presenta esta entidad, en el departamento del Cesar el servicio de salud se está prestando con normalidad, no existe alteración en el proceso de atención a los usuarios, así lo afirmó el Gerente de Caprecom en el Cesar, Armando Almeira, quien agregó que en cuanto al pronunciamiento de la Contraloría, no puede dar declaraciones debido a que esto depende del nivel central.
La Contraloría también hizo un llamado por el impacto que tiene sobre prestadores y demás actores del sistema la elevada morosidad de sus cuentas por pagar.
El organismo de control declaró estar atento a las determinaciones que el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, tome acerca de Caprecom, además estará vigilante de una eventual afectación del patrimonio público.
En este momento, la CGR hace presencia en Caprecom adelantando la auditoría correspondiente a la vigencia 2014, en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2015.
Insuficiencias de Caprecom
Durante casi cinco años consecutivos, desde diciembre de 2010 a septiembre de 2014, la Contraloría ha evaluado en su ejercicio auditor el comportamiento operacional y la situación financiera de Caprecom, evidenciando el deterioro de los márgenes operacionales y se encontró que los resultados son negativos hasta septiembre de 2014.
La Contraloría General de la Nación hizo seguimiento a una Función de Advertencia e indicó: “las medidas adoptadas no permiten visualizar su efecto, ni se reflejan plenamente en los estados financieros, por lo menos al cierre del 2013, lo que hace terminante una tarea a fondo de conciliación y depuración que permita conocer la realidad económica y financiera de la entidad y de sus estados contables”.
A lo anterior se suman deficiencias en la programación, planeación, desagregación y ejecución del presupuesto, lo cual refleja falta de coherencia en la asignación de recursos, que no son estimados desde el inicio, ni obedecen a un ejercicio debidamente organizado, sino que se van ajustando en el transcurso de la vigencia, lo que origina consecuencias negativas en el incumplimiento de los objetivos.
Los informes de supervisión no contienen una evaluación juiciosa de los aspectos técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de cada contrato, tal como lo exige la Ley 1474 de 2011, tampoco se evidencia seguimiento a la oportunidad y disponibilidad en la prestación de los servicios contratados, ni control presupuestal sobre cantidades y valores.
Katherine Villazón/EL PILÓN
[email protected]