En Valledupar, las invasiones han aumentado en los últimos años y pese a que las autoridades han desalojado algunas de ellas, las causas para que esto se dé, son muchas, entre ellas está el desplazamiento que en el Cesar ha sido grande teniendo en cuenta la manera en que fue golpeado este departamento por el conflicto y otra razón es lo permisivas que han sido las autoridades para controlar esta situación.

En el nuevo Plan de Ordenamiento territorial, POT, se propone legalizar a siete invasiones de las 12 que hay en la capital del Cesar, con las otras, el Alcalde de Valledupar dijo que se iban a desalojar.

Las invasiones se convierten en un desafío para el desarrollo de Valledupar, pues dinero que se podría invertir en otras obras tienen que destinarse para desalojar los predios que ocupan muchas familias, además hace que la ciudad crezca sin ningún tipo de planeación, en cuanto a servicios públicos no solo se pierden recursos sino que se ponen en riesgo la prestación de los mismos.

Hay invasiones que no pudieron ser desalojadas en su momento, debido a que un juez administrativo ordenó al Municipio suspender las acciones en las comunidades, sin embargo el alcalde Fredys Socarrás Reales aseveró que se va a hacer lo posible para legalizar sectores que están en la ilegalidad.

“Con el nuevo POT se está planteando también una estrategia donde se tendrían que asumir recursos para la legalización de predios. Tendría que pagarle una indemnización a los propietarios de los terrenos para legalizar la situación y por eso se planteó una medida de alternativa en el nuevo POT que podía resolver el problema, lo importante es no dejar que se instalen nuevas invasiones”, explicó.

Se estima que esa estrategia tendría un costo entre 40 mil y 50 mil millones de pesos para beneficiar a cerca de nueve mil familias.

Sin embargo, al legalizar solo siete invasiones quedarían cinco en la ciudad, que según el Alcalde la única manera de solucionar el problema sería desalojándolas “lo que hay que hacer es ejercer la autoridad como lo hemos venido haciendo sin politiquería y sin pereza, desalojar esas invasiones haciendo respetar el derecho de los entes privados hay que seguir trabajando en el desalojo, por ejemplo con lo que sucede en la margen derecha del río Guatapurí, que esperamos que esté todo solucionado en julio de 2015”.

La situación de las invasiones ha generado cantidades de comentarios de la población, hay quienes aseguran que muchos de los que se toman un predio privado, lo hacen con el fin de salir beneficiados con el programa de viviendas gratuitas del gobierno nacional, tanto así que se vienen de otros lugares del departamento y de la Región Caribe, buscando la oportunidad de tener una casa.

Ante esta situación, el Alcalde confirmó que para acceder a una casa de las que otorga el gobierno nacional se va a tener en cuenta un factor muy importante y es que la persona debe tener varios años viviendo en la capital del Cesar. “Hay que estar pendientes por medio del Sisbén cuántos años lleva la persona de estar en una invasión de Valledupar, porque no es justo que una persona que apenas lleva un año de estar aquí acceda a una vivienda gratuita y que alguien que con su familia ya tiene más de 10 años en una invasión de la ciudad, se quede sin un hogar, eso lo estamos haciendo para que no se presenten esas irregularidades porque sabemos que se pueden presentar estos casos”.

Voceros de varios sectores sociales consideran que el gobierno municipal debe tener más control a la hora de otorgar las viviendas de interés social, teniendo en cuenta que no falta la persona que quiere sacar partido de esta situación y recibir más de una casa, incluso muchos comentan que varios invasores llegan a la ciudad a cometer actos delictivos y no a buscar mejores oportunidades de progreso.

Socarrás Reales dijo estar seguro que en lo que le queda en la administración municipal se podrá aprobar el POT, y referente a las invasiones que serían legalizadas expresó que “se dejaría la base del proceso de adquisición para ver cómo la plusvalía lo asegura en el municipio para garantizar la indemnización de terrenos y dar una condición de vivienda digna a las familias que en su momento invadieron”.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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