La directora de la Cárcel Judicial, Enilda Helena Vásquez Oñate y el jefe de Recursos Humanos de este penal, Yair Donaldo Pacheco Acosta, recibieron la medida de aseguramiento preventiva, proferida ayer al mediodía, en el segundo día de audiencia.

Estas dos personas son acusadas de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y su traslado será de manera inmediata a la Cárcel La Picota de Santafé de Bogotá.

La audiencia de ayer, realizada en dos jornadas, estuvo accidentada; al ser suspendida temporalmente por la falta de dos de los diez capturados, la Fiscalía pidió a la Juez Tercero Penal que les dictara medida de aseguramiento a todos los procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, extorsión, porte ilegal de armas y porte y fabricación de sustancias alucinógenas, entre otros.

Según el relato de la Fiscalía, durante la formulación e imputación de cargos contra los funcionarios del Inpec, y con base en los elementos probatorios, manifestó que existen claras evidencias que indican que recibieron información sobre la existencia de algunas personas que coordinaban por teléfono sobre su accionar delictuoso, que están frente a una organización criminal como Los Urabeños.

Además, de otros hechos delictivos que desarrollaba esa organización al margen de la ley, que les permitía el sustento de la estructura criminal en la parte externa del penal, su jerarquía interna, en el que daban órdenes, luego ejecutaban y al final recibían el dinero que prometían por el encargo.

Interceptación de llamadas

Durante las llamadas que los organismos estatales interceptaron a los procesados, lograron establecer que para realizar cualquier actividad delictiva, ocultaban sus identidades mediante claves, apodos o alias y luego de verificar las mismas, comprobaron que eran los mismos usuarios que utilizaban los números telefónicos para su uso personal y actividades ilícitas, los cuales coincidían con los que tenían los investigadores. Ellos mismos se identificaban, entregaban sus datos personales, para ir a retirar consignaciones en oficinas de giros, como producto de las extorsiones a ganaderos, comerciantes y personas de bien en el Cesar, en el que la misma Fiscalía pudo comprobar la injerencia de la autoría de los acusados.

Según la Fiscalía, “tanto la Directora de la Cárcel, como el dragoneante estaban vinculados con la justicia y tenían obligaciones constitucionales y las traicionaron, ellos merecen un juicio de reproche, porque se ganaban un sueldo del Estado, y eso no se traiciona y mucho menos cuando se ostenta una dirección de una institución que requiere de mucho cuidado con los reclusos que tiene a su cargo. Hizo uso de esa organización criminal para su beneficio personal como solución, mandando a matar, o mandando a quitar del camino a quienes no le siguen sus pretensiones”.

Otros asegurados

Arlex Andrés Pérez Meléndres, Leidys Patricia Hernández Ruíz, Leidis Peralta Cano, Rubén Darío Romero Sánchez, Jhonny de Jesús Estrada Rivero, Olga del Carmen Coronado Atencia, Alejandro Emiro Lugo Galván, Celiar de Jesús Díaz y Elías de Jesús Díaz Pérez, acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, de estupefaciente y extorsión, serán enviados a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.

Dos horas de atraso

La audiencia de medida de aseguramiento que debía iniciarse a las 9:00 de la mañana, arrancó a las 11:12 minutos, pero fue suspendida por orden de la Juez, porque hacían falta los reclusos Jhonny de Jesús Estrada Rivero y Olga del Carmen Coronado Atencia, acción que fue rechazada por el juzgado que la calificó como una obstrucción a la justicia y falta de colaboración del Inpec. Cuatro minutos después trasladaron a la sala de audiencia a los presos y se inició la diligencia en donde fue sustentada la medida de aseguramiento.

Abogados controvirtieron

Los abogados de la directora de la Cárcel Judicial y del dragoneante del INPEC, controvertieron la solicitud de la Fiscalía sobre la medida de aseguramiento, argumentando la ilegalidad del procedimiento de interceptación de llamadas y por no haber entregado en la carpeta del procesado los elementos probatorios que tiene el ente acusador sobre las mismas.

El defensor de Enilda Helena Vásquez Oñate, solicitó que le dieran casa por cárcel a la funcionaria, toda vez que es madre cabeza de hogar y tiene a su cargo dos hijos universitarios.

Al cierre de esta edición, continuaban las controversias de los demás procesados y no se había definido la situación jurídica de cada uno de ellos.

Por Abdel Martínez Pérez
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