Son seis los políticos que representan al departamento del Cesar en el Congreso de la República, tanto en Senado como en la Cámara, corporación que tiene la función de elaborar las leyes que rigen nuestra sociedad. 

Así que previo a las elecciones legislativas, programadas para el 13 de marzo próximo, EL PILÓN indagó sobre los hechos que han sido noticia sobre los legisladores de este departamento y encontró que dos senadores y dos representantes a la Cámara han sido cuestionados por diversos motivos y aquí se exponen algunos de esos. 

Se destaca que en esta corporación existe la Comisión de Ética que examina el comportamiento “indecoroso, irregular o inmoral” que pueda afectar el curso de la política en el país.

LOS SENADORES

El administrador de empresas José Alfredo Gnecco Zuleta, quien ha estado en el Congreso desde 2010 hasta la actualidad, fue nombrado en el medio informativo El Espectador, debido a que exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, declaró en su contra días antes de ser extraditado a Estados Unidos porque según él, Gnecco Zuleta habría sobornado a la justicia colombiana al entregar 150 millones de pesos con el objetivo de dilatar el proceso en contra del exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco “tanto como se pudiese”. 

En cuanto al exconcejal y exalcalde de La Jagua de Ibirico, Dídier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, según investigaciones de El Tiempo, la Contraloría le imputó cargos de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial superior a 1.200 millones de pesos, por presuntos sobrecostos en el suministro de paquetes alimenticios que habrían sido contratados con dineros de regalías en diciembre del 2012 con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios.

REPRESENTANTES A LA CÁMARA

Otro de los señalados es Alfredo Ape Cuello, administrador de empresas y representante a la Cámara desde 2002 por el partido Conservador. Según algunos medios de comunicación, precluyó un proceso en su contra por supuestos nexos con grupos armados ilegales. Sin embargo, la Corte Suprema decidió cerrar la investigación por falta de pruebas y fue llamado a indagatoria por la misma alta corporación dentro del proceso de la parapolítica.

Por su parte, Eloy ‘Chichí’ Quintero ha ocupado altos cargos públicos tales como: concejal y presidente del Concejo Municipal de Valledupar, diputado y presidente de la Asamblea Departamental del Cesar, secretario de Gobierno de Valledupar y de Gobierno departamental, gobernador y alcalde encargado de Valledupar y representante a la Cámara desde 2014 por partido Cambio Radical, entre otros.

Según el medio vallenato El Polígrafo, la Procuraduría General de la Nación, PGN, abrió investigación contra él, Ape Cuello y siete congresistas más por su presunta participación y responsabilidad en un posible tráfico de influencias para lograr nombramientos en el SENA.

De acuerdo con la indagación, también aparecen dirigentes políticos de los partidos de la U, Liberal y Conservador, quienes presuntamente movieron sus influencias para que se contrataran en la entidad personas ‘recomendadas’.

SIN ANTECEDENTES

Hasta el momento, no se encontraron registros de acusaciones contra el contador público José Eliécer Salazar, quien se desempeñó como director de Seguridad Social en la Secretaría de Salud Departamental, diputado del Cesar y secretario de Hacienda seccional entre 2004 y 2006. Es representante a la Cámara desde 2018 por el partido de la U. 

Asimismo, en la búsqueda no se hallaron acusaciones similares contra el abogado Christian José Moreno, representante a la Cámara desde 2014 por el partido de la U y hermano del exgobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo. 

Finalmente, al consultar con el abogado Beder Guerra Angarita sobre estos hechos, afirmó: “Es bien sabido que la corrupción, entendida como comportamientos que transgreden la legalidad y la licitud con el fin de obtener un beneficio, es una práctica incorporada en la cultura colombiana y, por supuesto, usada regularmente en el ámbito político”. 

Y agregó: “Aunque no exista en la legislación colombiana un tipo penal denominado ‘corrupción’, podemos encontrar delitos que encuadran dentro dicha acepción, entre ellos los delitos contra la administración pública o la administración de justicia, tales como el peculado, el cohecho, el soborno, entre otros”.