25 años de la Constitución del 91. Debería ser motivo de celebraciones, pero el aniversario pasa más bien desapercibido. Excepto por la transmisión del himno de las Farc y la intervención de una guerrillera en la deslucida conmemoración que se hiciera en el recinto del Senado. Fue inevitable recordar aquella ocasión en que invitaran a ese recinto a algunos “paramilitares”. Sentí la misma vergüenza de entonces.
El aniversario no tuvo mayor eco. Quizás porque en Colombia las constituciones duran poco, excepto la del 86, que un lustro después de hacerse centenaria fue cambiada por la que hoy nos rige. Quizás porque sufrimos del vicio de cambiarlas sin descanso: 43 reformas ha sufrido ésta, si se suma el “acto legislativo para la paz” recientemente aprobado, casi una cada seis meses. Más del diez por ciento de los artículos originales han sido retocados o modificados de manera radical. Y no sumo los múltiples cambios que vienen como resultado de los pactos de La Habana, en los que el Congreso aceptó que su competencia de reforma constitucional fuera trasladada a las Farc y a los negociadores gubernamentales, ahora nuevos constituyentes. Una verdadera sustitución de la Constitución. Después de eso, quedarán solo jirones.
En cualquier caso, la Carta del 91 nos da algunas lecciones: una, que no importa lo que diga la Constitución misma sobre qué puede o no reformarse de ella o quién puede hacerlo, una Asamblea Constituyente da para todo.
La Constitución del 86 decía que solo podía reformarse por el Congreso, por ejemplo. Dos, que quien en realidad tiene el poder es la Corte que cumpla funciones de tribunal constitucional, entonces la Corte Suprema y hoy la Corte Constitucional. Es ella la que establece los límites, más allá de lo que diga el texto de la Constitución.
Fue la Corte Suprema la que dio vía libre a la constituyente del 91, sin importar lo que decía la Constitución del 86.
Tres, que en consecuencia el supuesto blindaje a los pactos de La Habana es tan frágil como el cristal. Cuarto, que la fuerza de una constitución está en su legitimidad, en su poder de verse rodeada de un consenso social y político sustantivo. La del 91, a pesar de que tuvo su origen en una ruptura constitucional y de que no hubo mayor participación en la elección de sus miembros (los constituyentes obtuvieron muchos votos menos que los parlamentarios que en aquel momento hacían parte del Congreso), consiguió un sustantivo apoyo político y social.
Si los pactos de Cuba que se quieren transformar en texto constitucional no cuentan con ese respaldo, la vigencia de los mismos será precaria y breve. Bastará con que cambien las mayorías del Congreso y las de la Corte.
Excepto que el plebiscito tenga un sí abrumador, que no ocurrirá, pronostico una nueva y pronta constituyente.
Por Rafael Nieto Loaiza