Por: Antonio Hernandez Gamarra

El entrenamiento de la mente como instrumento de análisis supone, como uno de sus pilares fundamentales,  no caer víctima de la tiranía de las palabras. Condición que se padece cuando se da por sentado el significado de ciertas expresiones, sin indagar lo que con ellas se significa.
Reflexión que está encaminada a alertar sobre la necesidad de propiciar, entre los aspirantes a la Presidencia de la República, un debate a fondo en lo referente a lo que cada uno de ellos entiende por “política de Seguridad Democrática”, pues el constante cacarear sobre estos términos, con fines propagandísticos, los ha vaciado de contenido y no nos permite a los ciudadanos comprender a cabalidad el pensamiento que  ellos tienen sobre la materia, ni los fines que,  en últimas, persiguen.
Desde la ciudadanía llana, en lo que a mi respecta, si por “política de seguridad democrática” se entiende el monopolio de las armas en poder del Estado, y uso legítimo para combatir a quienes pretenden acceder al poder por la vía armada, debo decir que apoyo irrestrictamente esa postura. Subrayo, eso sí, que bajo ninguna circunstancia defiendo el que la institucionalidad  emplee para esos propósitos los mismos métodos que utilizan los alzados en armas, porque la sociedad colombiana no debe validar la defensa de ninguna idea mediante el empleo del terror, la intimidación, la extorsión, el secuestro o el homicidio.
Así las cosas, la propuesta de que el Estado ejerza, en todo el territorio nacional, el monopolio de la fuerza para defender la seguridad física de los ciudadanos, para garantizar el disfrute de las libertades públicas y el uso cabal  de los derechos, y para hacer cumplir  los deberes, de tal suerte que impere la ley y no la arbitrariedad,  es un acuerdo   fundamental  sobre el  cual no deberían existir inútiles discusiones.
Desde luego, ese acuerdo no supone asentimiento total sobre los instrumentos que se propongan para el logro de dichos fines. En particular,  el debate debería hacer explícitos los medios  que se conciben para ganar la paz que,  en vista de la renuencia de los violentos a dejar las armas,  debe ser el  fin último  de la confrontación. También debe la discusión traer a cuento  los límites que razonablemente debe tener el gasto destinado al combate de la violencia. De singular  importancia es, además, la postura de los candidatos  sobre la fiscalización, por los órganos de control y por la ciudadanía, de ese gasto pues la idea de que la transparencia le resta eficacia a la lucha contra los violentos debería analizarse a profundidad.
De mi parte creo que a la lucha contra los alzados en armas le hace bien una ciudadanía mejor  ilustrada e informada sobre la cuantía y la eficacia del gasto militar porque, como los recursos fiscales no  son  ilimitados, cada peso que a él se destine es peso que se le resta a la educación, o la salud, o la infraestructura, o al crecimiento económico, y como dijo una vez Albert Camus el orden social es mucho más que la seguridad en las calles ( o en las fincas, como suelen cree algunos de nuestros compatriotas ).
Reitero que mañana 14 de marzo las gentes del Caribe deben ir a las urnas para apoyar nutridamente  la creación de la Región Caribe. También repito que la mayor autonomía debe concebirse como  un medio para disminuir aceleradamente la pobreza de nuestros conciudadanos, y por eso a partir del 15 se debe iniciar el debate sobre como alcanzar las reformas para que  la sociedad caribeña sea más equitativa y más competitiva y en donde la probidad guié el manejo de los bienes colectivos,  en forma tal que la política sea medio  para concebir  y resolver todo problema  público y no  un mezquino ejercicio electoral.