Senador guajiro fue su ponente y defensor

Riohacha

Argumentos del gobierno no convencieron a la Corte, la cual dejó en firme la Ley. Esto significa que  muchos colombianos que están por fuera del sistema de salud sí pueden acudir a practicarse estos procedimientos de planificación de manera gratuita.

El senador y médico, Jorge Ballesteros, celebró el hecho que la Corte Constitucional haya rechazado las objeciones del gobierno a la Ley que promueve la realización de la ligadura de trompas, en mujeres y vasectomía, en hombres, de manera gratuita, iniciativa de la cual fue, además de ponente,  uno de sus defensores en el Congreso de la República.

Vale la pena recordar que el Gobierno objetó dicha ley argumentado el impacto fiscal de la misma, pero la Corte dijo, mediante sentencia C-625 de 2010, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, que tales argumentos no cumplieron a cabalidad con la carga que desvirtúe su constitucionalidad.

De esta manera, cualquier colombiano que quiera practicarse estos procedimientos y que no estén afiliados a ninguno de los sistemas de salud (los
cuales están contemplados en los planes obligatorios de salud) puede acceder a ellos sin asumir ningún costo.  “Aplaudimos esta decisión, porque se ha salvado una ley que desde su origen ha tenido un propósito loable: fomentar la paternidad y maternidad responsables”, dijo Ballesteros Bernier.

A este respecto dice la Corte: “Teniendo en cuenta que los procedimientos de esterilización quirúrgica como la vasectomía y la ligadura de trompas hacen parte del Plan Obligatorio de Salud vigente, la Corte destacó que el costo financiero adicional al que antes de la aprobación de este proyecto asume ya el sistema de seguridad social será, según cifras del propio Gobierno, relativamente marginal, dado que según esa misma información, más del 79.3% de los habitantes del territorio nacional son afiliados, bien del régimen contributivo, bien del régimen subsidiado.

Igualmente, observó que aún dentro del reducido universo del 20.7% de la población no afiliada, las cifras planteadas por el Gobierno fueron calculadas bajo el supuesto de que todas las personas en edad reproductiva y sin acceso a los servicios de la seguridad social solicitaran la realización de uno de tales procedimientos quirúrgicos, ignorando con ello claros y evidentes factores estadísticos que acortarían en términos notoriamente inferiores la demanda de esos servicios y por ende, reducirían de manera también significativa, ese impacto financiero”.