Expertos en la materia de control físico, han reiterado que la construcción de edificaciones y el orden urbano en general, además de estar relacionada con la necesidad de protegerse de los fenómenos de la naturaleza, también tiene que ver con la protección contra la inseguridad y con la realización de actividades, educativas, recreativas, institucionales, comerciales y residenciales.

En ese sentido, se conecta de forma inevitable con la satisfacción de múltiples necesidades humanas, o la realización de derechos fundamentales, que lamentablemente, por la urgente necesidad de tener una edificación para los propósitos señalados, sumado el desconocimiento de las normas de ingeniería y arquitectónicas, ha llevado a muchas personas, especialmente a aquellas de escasos recursos económicos, a utilizar materiales de bajo costo que en muchos casos no responden a los requerimientos técnicos de edificabilidad y sismo-resistencia y a edificar en lugares vulnerables, asumiendo enormes riesgos para su vida, integridad personal y bienestar en general. A ello se adiciona el ánimo de lucro de urbanizadores piratas y constructores, que patrocinan edificaciones de baja calidad, amparadas en licencias falsificadas, en obras aparentemente legales o en el inadecuado control ejercido por las autoridades competentes.

Valledupar no ha escapado a esa realidad, pues existe una cantidad importante de edificaciones que no reúnen las condiciones apropiadas de solidez estructural, o que se encuentren ubicadas en zonas vulnerables ante los eventos de la naturaleza, como rondas de ríos y de humedales, zonas de riesgo y reservas forestales, que se ven seriamente afectadas. El control físico en todo el territorio municipal, ha dado el traste por los distintos modos de corrupción que cada día se inventan los infractores y los mismos gestores urbanos, para eludir los tan elevados impuestos relacionados con las licencias urbanísticas, o el valor de expensas, comportamientos contrarios a la integridad urbanística, sin que el Alcalde pueda garantizar la evasión, ni controlar las edificaciones ilegales, ya que los resultados asombrosamente negativos arrojados sobre recaudos de multas, comprobados durante los dos (2) últimos años, 2016 y 2017, han sido escasos $ 12 millones, cuando según los registros de las obras ilegales, podrían haber ingresado a la Tesorería Municipal por lo menos $ 4.000 millones de pesos por concepto de multas en ambos periodos.

Por tales motivos, es urgente incluir en la Modificación del POT/015, de manera preventiva, la implantación de un plan maestro de control físico, que contrarreste la evasión del impuesto y el establecimiento irregular de las construcciones, aplicando metodologías claras, que comprometan al Alcalde, al cumplimiento sistemático de procedimientos obligatorios, para que las administraciones venideras, realicen un control autosostenible económicamente, logrando su cabal funcionamiento con el producto del recaudo de las multas impuestas a los infractores, puesto que de lo contrario, en la ocurrencia de cualquier movimiento sísmico, podría correrse el riesgo de desplome de muchísimas edificaciones, creando un caos generalizado por posible pérdida de vidas humanas, las cuales los Alcaldes nunca podrán reparar completamente.
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