Colombia tiene unas tasas de recaudo tributario que sólo se comparan con El Salvador o Perú. Argentina recauda cerca del 35 % de su PIB, duplicando a Colombia y triplicando a Venezuela, con la diferencia que Venezuela tiene abundantes ingresos petroleros mientras que Colombia está aterrizando del sueño de ser un país petrolero. La reforma tributaria que el gobierno Santos ha sometido al Congreso de la República busca incrementar el recaudo del Gobierno Nacional, que en ocasiones es acusado de “derrochón” y de embadurnar de mermelada a medio país. En ese camino, la reforma tiene como espíritu liberar la exagerada carga tributaria que actualmente tienen las empresas, quienes se llevarán las zanahorias, y transferir esa carga a las personas naturales, quienes llevarán el garrote.

El primer garrotazo que llevan las personas naturales el aumento del IVA del 16 % al 19 %. Desde hace 20 años el IVA no era foco de una reforma tributaria. En 1996 Ernesto Samper decidió hacer uso de su golpeado capital político para echarle mano al IVA. En ese entonces el ingreso medio de un colombiano era la mitad de lo que hoy se observa, la pobreza era superior al 50 % mientras que hoy es del 27 %. Subir el IVA es antipopular, pero sólo el 25 % de los productos de la canasta básica está gravado con IVA. Para los niveles de ingreso que posee el país subir el IVA nos dejaría a niveles similares a los observados en Perú o en Chile y por debajo de Uruguay y Argentina. Este garrotazo, junto a los impuestos a las bebidas azucaradas y al cigarrillo, estaba demorando en caernos.

El segundo garrotazo tiene la noble causa de corregir la enorme inequidad que caracteriza a nuestro país. Una de las fuentes de mayor concentración de riqueza tiene que ver con las sucesiones. Papá y mamá millonarios dejan la fortuna a hijos e hijas millonarios y transmiten la inequidad del país de una generación a la siguiente. En 2012 equívocamente se redujo la tarifa a las herencias del 35 % al 10 %. Sin embargo, la actual reforma propone un aumento gradual que parte de 0 % hasta 35 % dependiendo del valor de la herencia. Por otro lado, se propone gravar los dividendos de las empresas y se ajustan las tarifas para las regalías de las personas naturales. Quienes tengan acciones en empresas (generalmente ciudadanos con mucho dinero) deberán pagar en tributos parte de la repartición de ganancias. También tendrán que hacerlo los compositores vallenatos que reciben regalías por sus piezas musicales y ventas de discos.

La zanahoria se la llevan las empresas. El anterior impuesto de renta fue reducido en 2012 a 25 %, pero se creó un tributo adicional conocido como CREE que también iba a cargo de las ganancias. El CREE se creó para compensar la reducción de las contribuciones de salud y parafiscales que tanto daño le hacen a la creación de trabajo formal. La diferencia entre la tarifa sobre la renta y el CREE es que este último no permite deducciones que otorga la tarifa sobre renta convencional. La reforma actual elimina el CREE y vuelve a subir la tarifa sobre la renta del 25 % al 32 %. Lo inconveniente de la reforma es que posee una destinación específica de 9 % de la tarifa sobre la renta para el Sena, Icbf y otros rubros, algo que debería ser más bien discutido todos los años en el presupuesto de la Nación.

Por último, una perla: la reforma propone la creación de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) que parecen derivadas de los acuerdos de La Habana. En estas ZOMAC se hacen alivios al pago del impuesto de renta de las empresas hasta el año 2028. A las empresas en las ZOMAC les va mejor incluso que a aquellas en una zona franca durante los primeros cuatro años. Dado que ganó el No en el plebiscito, sería poco prudente incluir puntos que puedan pretender la implementación de los acuerdos.

En resumen, aunque Colombia aún debe hacer mayores esfuerzos en evitar la evasión tributaria y de gasto, vale la pena rescatar algunos aspectos de la reforma tributaria. En primer lugar, pretende corregir ciertos problemas en la distribución de la riqueza y del ingreso en el país y, segundo, libera la carga sobre las empresas que aún detienen la formalización de gran parte de la economía colombiana.

Por Juan Miguel Villa, PhD