Por: Francisco Cajiao

Como en todos los países, el desarrollo de Colombia está profundamente relacionado con su sistema educativo, que siempre tendrá más desafíos que logros. Se han conseguido grandes avances en la cobertura de la educación básica, en la formación de profesionales, en la reducción de la tasa de analfabetismo… y podría enumerarse una decena de conquistas de gran importancia en lo que se refiere a la garantía del derecho.
Pero los desafíos son mucho mayores y algunos ni siquiera están enunciados. También hay retrocesos y vale la pena analizar la experiencia de los países que han logrado los niveles de desarrollo deseables para nuestra sociedad.
El actual gobierno ha centrado su atención en el problema de la baja calidad de la educación básica y la atención integral de la primera infancia. Ambos retos son fundamentales y está fuera de discusión que sean prioridades, ya que de ellos depende la competitividad del país en un contexto global, y allí se juega en buena parte la reducción de las brechas sociales que arrastramos desde siempre. El asunto es saber si las estrategias son las más adecuadas y si se está construyendo la institucionalidad necesaria para que las acciones emprendidas se vuelvan sostenibles en el tiempo.
Un punto central de esta discusión gira en torno a la descentralización del sector y establecer cuál es el rol que corresponde al Gobierno central, que, de no cumplirse, no se puede suplir desde el nivel territorial.
La Ley 60 de 1993 estableció la forma como debían participar las entidades territoriales en materia de competencias y recursos para cumplir los fines del Estado en diversos aspectos, incluida la educación. Sea porque se trataba de una orientación equivocada, porque no fue debidamente asumida por alcaldes y gobernadores o por cualquier otra razón, el hecho es que el país ha retrocedido a un sistema cada vez más centralizado. Todo se define en el Ministerio de Educación, y la función de las secretarías se reduce a ejecutar lo que se les ordena, de modo que resulta casi inútil elaborar planes locales de desarrollo, salvo que se cuente con cuantiosos recursos propios para ejecutarlos.
De esta manera, la capacidad institucional de las regiones se debilita y la participación de diversos sectores sociales para desarrollar iniciativas apropiadas para las necesidades locales se vuelve inocua. Así, tampoco se asume la responsabilidad sobre el impacto de las decenas de talleres, consultorías, evaluaciones y demás apoyos contratados desde el nivel central que llegan a los municipios sin que ellos lo hayan pedido. La fortaleza de un sistema educativo implica el compromiso de todos los sectores sociales locales en la búsqueda de alternativas apropiadas al contexto, y ello implica un margen creciente de autonomía.
Entre tanto, el Ministerio, ocupado en resolver los problemas locales, no logra abordar con tiempo y liderazgo los asuntos estructurales del sector, que siguen pendientes. No se están planteando reformas de una educación media cada vez más obsoleta e inadecuada, que no logra aprovechar el talento de los adolescentes y la articulación con la educación superior. La articulación de la primera infancia al sistema educativo se ha eludido sistemáticamente. En el problema de la educación de adultos, enorme por su cantidad e impacto en el empleo y la generación de riqueza, se han soslayado propuestas como la alfabetización por celular.
Son muchos los temas estructurales que corresponden al Ministerio y no podrá abordarlos si se dedica a hacer lo que debieran desarrollar las entidades territoriales. Bien valdría la pena abrir esta discusión con la participación de los territorios, y de seguro todos se enriquecerían muchísimo para bien del país. No puede olvidarse que la innovación siempre partirá de las buenas prácticas locales.