Durante la visita que hizo ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, a Valledupar, se volvió a tocar un tema que ha sonado repetidamente durante las dos últimas décadas, la reubicación de la Cárcel Judicial del barrio Dangond. La visita con el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, […]
Durante la visita que hizo ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, a Valledupar, se volvió a tocar un tema que ha sonado repetidamente durante las dos últimas décadas, la reubicación de la Cárcel Judicial del barrio Dangond.
La visita con el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, hace parte de su agenda y de los propósitos de sus gobiernos, que en esta ocasión les correspondió cumplir con un fallo de la Corte Constitucional para mejorar la infraestructura de la Judicial.
Pero lo mejor, y tal vez una de las diferencias con visitas anteriores y gobernantes anteriores, es que la dupla Ovalle-Uhía ofreció comprar un predio que permita la construcción de una cárcel que permita trasladarla del barrio Dangond, cuyos moradores llevan décadas pidiendo su reubicación.
Es un buen ofrecimiento, que ahora debe ser confrontado con los planes del Gobierno Nacional que hace poco aprobó recursos adicionales para el tema carcelario, provenientes de la adición que le hicieron al presupuesto nacional.
Valledupar no está en los planes de construcción de nuevas cárceles. Es ahí donde se necesita el apoyo decidido y mancomunado de los congresistas cesarenses, que en este tema carcelario han brillado por su ausencia.
Lo bueno de esta nueva visita es que hubo un anuncio a corto plazo, como es la realización de una Mesa Técnica la próxima semana con la participación de un delegado del Ministerio de Justicia y el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para buscar una solución.
La Cárcel Judicial tiene un hacinamiento del 400 %, tiene capacidad para 300 internos y alcanza los 1.200. Por eso un fallo de la Corte Constitucional impide hoy que ingresen más presos a la Judicial. Este podría ser un buen momento para ‘pelear’ la reubicación de este centro carcelario, uno de los más hacinados del país.
Gobernador, alcalde y congresistas deben estar más unidos ahora y no dejar que les saquen de la agenda su propósito de lograr la construcción de una nueva cárcel.
Durante la visita que hizo ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, a Valledupar, se volvió a tocar un tema que ha sonado repetidamente durante las dos últimas décadas, la reubicación de la Cárcel Judicial del barrio Dangond. La visita con el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, […]
Durante la visita que hizo ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, a Valledupar, se volvió a tocar un tema que ha sonado repetidamente durante las dos últimas décadas, la reubicación de la Cárcel Judicial del barrio Dangond.
La visita con el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, hace parte de su agenda y de los propósitos de sus gobiernos, que en esta ocasión les correspondió cumplir con un fallo de la Corte Constitucional para mejorar la infraestructura de la Judicial.
Pero lo mejor, y tal vez una de las diferencias con visitas anteriores y gobernantes anteriores, es que la dupla Ovalle-Uhía ofreció comprar un predio que permita la construcción de una cárcel que permita trasladarla del barrio Dangond, cuyos moradores llevan décadas pidiendo su reubicación.
Es un buen ofrecimiento, que ahora debe ser confrontado con los planes del Gobierno Nacional que hace poco aprobó recursos adicionales para el tema carcelario, provenientes de la adición que le hicieron al presupuesto nacional.
Valledupar no está en los planes de construcción de nuevas cárceles. Es ahí donde se necesita el apoyo decidido y mancomunado de los congresistas cesarenses, que en este tema carcelario han brillado por su ausencia.
Lo bueno de esta nueva visita es que hubo un anuncio a corto plazo, como es la realización de una Mesa Técnica la próxima semana con la participación de un delegado del Ministerio de Justicia y el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), para buscar una solución.
La Cárcel Judicial tiene un hacinamiento del 400 %, tiene capacidad para 300 internos y alcanza los 1.200. Por eso un fallo de la Corte Constitucional impide hoy que ingresen más presos a la Judicial. Este podría ser un buen momento para ‘pelear’ la reubicación de este centro carcelario, uno de los más hacinados del país.
Gobernador, alcalde y congresistas deben estar más unidos ahora y no dejar que les saquen de la agenda su propósito de lograr la construcción de una nueva cárcel.