En las últimas semanas, se vienen desarrollando en el país los procesos de empalme entre los gobiernos locales salientes y entrantes, es decir en las gobernaciones y alcaldías de todo el país. A pesar de que el tema está bastante reglamentado en el caso del gobierno nacional, no sucede lo mismo en el caso de los gobiernos locales.
Y no obstante las normas existentes, hay que advertir que procesos de empalme en el sector público en Colombia no tienen la rigurosidad y los procedimientos técnicos que se utilizan en el sector privado. Es conocido que en el sector privado la sucesión de la gerencia o la presidencia de una empresa, implica la entrega de informes completos con los temas financieros, administrativos, jurídicos, entre muchos otros aspectos, relacionados con la gobernabilidad, la estrategia y el proceso de toma de decisiones que rige el mundo de los negocios, cuya máxima filosofía es la ganancia y – por eso mismo- la necesidad de la rigurosidad y el formalismo de la información y los procedimientos.
Y aún así, son conocidos los procesos de litigios sobre la valoración de las empresas y sus bienes, las perspectivas de los negocios, etc, como los sucedidos con algunos bancos comerciales en el país, que a pesar de transcurrir varios años se mantienen las discrepancias entre vendedores y compradores.
Paradójicamente, en el sector público, cuyos bienes y recursos son de todos, no se acostumbra a realizar ese empalme o transición con la debida diligencia y rigurosidad, sino que, por el contrario, la cercanía o lejanía política, la amistad y hasta el folclorismo son la regla; cuando estos procesos deberían caracterizarse por todo lo contrario.
En los casos que más nos interesan, la gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y el resto de las alcaldías del departamento, es necesario que estos procesos de empalme se adelanten con la debida diligencia, transparencia y responsabilidad.
Los funcionarios públicos salientes, sus asesores y colaboradores, están en la obligación de hacer unos procesos de entrega sinceros, transparentes, plasmar en los informes la situación real, desde el punto de vista financiero, administrativo, jurídico, etc, de todas y cada una de las entidades del Estado, so pena de verse inmersos, posteriormente, en procesos de responsabilidad disciplinaria o fiscal.
Nadie puede desconocer que los gobiernos de las administraciones salientes terminan el 31 de diciembre, claro que sí; pero, no tiene presentación que ya al finalizar una administración se estén realizando procesos de contratación poco transparentes, a las carreras y con una justificación nada clara. Esta situación es caldo de cultivo para todo tipo de irregularidades y malas prácticas, posible corrupción e ineficiencia.
Igualmente, tampoco está bien tratar de maquillar la información financiera, contractual, jurídica y administrativa sobre determinada entidad o dependencia de la administración departamental o municipal.
Por el contrario, esos informes deben ser una fotografía lo más cercana posible a la realidad financiera, administrativa y jurídica de las entidades objeto de empalme. También para los funcionarios que recibirán cada una de las entidades o dependencias hay obligaciones, de respetar los cronogramas, realizar las actas y verificar los informes que se deben emplear en un empalme.
No basta con cumplir con la formalidad de iniciar los procesos y adelantarlos de manera cordial y en un buen ambiente; más allá de esto, lo que la ciudadanía requiere son procesos de empalmes serios, transparentes y responsables; acordes con la realidad en cuestión.
En este tema, organismos como la DAF (Dirección de Apoyo Fiscal), como también la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, deberían acompañar de oficio a las administraciones salientes y entrantes para garantizar que estos procesos se realicen como debe ser, haciendo un buen uso de los bienes y recursos públicos y teniendo en cuenta el mejoramiento continuo que debería caracterizar a la administración pública en Colombia. Lamentablemente no es así en todos los casos. Como medio de comunicación, es nuestro deber, estaremos atentos a que en el caso de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, por lo menos, los empalmes se hagan sobre claras reglas de juegos y procedimientos, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado. Los bienes y recursos públicos son sagrados y son de todos.